La nueva ministra de Educación y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, ha anunciado hoy que el Gobierno ha dado orden a los bancos para levantar el control financiero de las cuentas de Cataluña. "Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España", ha precisado.
La decisión de que los pagos de la Generalitat los realizara Hacienda fue adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de septiembre con el objetivo de impedir que se desintaran fondos públicos al procés.
"Nos ha parecido que era una medida de normalización", ha dicho Celáa, quien ha precisado que eso "no significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas". La Portavoz ha insistido en que se "levanta la supervisión como gesto de normalización política en la confianza de que funcionará bien".
SÁNCHEZ Y TORRA SE EMPLAZAN PARA MUY PRONTO
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha llamado esta tarde por teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y se han emplazado a mantener una reunión "muy pronto".
Fuentes de la Generalitat han informado de que la llamada se ha producido esta tarde, después del encuentro entre Torra y el líder del PSC, Miquel Iceta, en el que ambos se han comprometido a abrir vías de diálogo.
Todavía no hay una fecha concreta para esta reunión, según han informado fuentes de Moncloa, que han subrayado que la conversación ha sido una primera toma de contacto entre ambos.
Durante la conversación, según las fuentes de la Generalitat, Torra y Sánchez se han comprometido a celebrar una reunión "muy pronto" y han dejado en manos de sus respectivas oficinas el encargo de cerrar una fecha concreta para el encuentro.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que el presidente Pedro Sánchez llevará "la Constitución en una mano y el diálogo en la otra con la voluntad de avanzar" para la reunión que tiene previsto mantener con el titular de la Generalitat, Quim Torra.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá ha aclarado que en la reunión de hoy no se ha tratado el contenido de las materias que se abordarán en este encuentro en La Moncloa, pero ha insistido en que solucionar el conflicto catalán en una cuestión "prioritaria" con el objetivo de "normalizar" la situación. De hecho ha situado la cuestión de la integridad territorial como "el principal problema" que tiene el país y para solucionarlo es necesario abrirse al diálogo y trasladar a la sociedad este ánimo de normalizar.
También ha anunciado que la ministra de Política Territorial tiene previsto una comparecencia la próxima semana sobre esta cuestión.
LA GENERALITAT PIDE AL GOBIERNO QUE LEVANTE EL CONTROL "A POSTERIORI" DE SUS GASTOS
La Generalitat ha asegurado hoy que el anuncio del Gobierno de que levantaba la supervisión sobre sus cuentas es "un hecho automático" desde el pasado lunes, y por ello ha pedido al Ejecutivo que levante el control a posteriori de sus gastos, que se aplica desde noviembre de 2015. Así lo pedía el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ha recordado que, al haber decaído el artículo 155 de la Constitución, también dejó de haber intervención financiera. No obstante, Aragonès ha apuntado: "Celebramos que el Gobierno se apunte a esta línea y, puestos a ello, le pedimos que levanten los controles a posteriori (del gasto) que impusieron en noviembre de 2015".
PP y Ciudadanos han pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para que informe de sus supuestos pactos con partidos "radicales, independentistas y proetarras".
"Hoy hemos empezado a conocer el precio por apoyar la moción de censura", ha denunciado Bermúdez de Castro, que ha alertado de que el control sobre esos pagos se levanta "sin ninguna garantía" e incumpliendo el acuerdo al que había llegado Pedro Sánchez con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciado este viernes que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique su plan de Gobierno y "las hipotecas que tiene con el separatismo" a cambio de que le dieran los votos en la moción de censura. En rueda de prensa, ha avanzado que su grupo quiere que Sánchez explique cómo "va a responder a las ilegalidades del señor Torra", y ha lamentado que el Gobierno haya decidido levantar el control financiero a las cuentas de la Generalitat como gesto de normalización política.
EL GOBIERNO NO DESCARTA SUBIR LOS IMPUESTOS PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS SOCIALES
La nueva ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha indicado que el Gobierno no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales, si bien ha apuntado que es un debate que no se ha abordado en el primer Consejo de Ministro del Ejecutivo celebrado este viernes.
En su primera rueda de prensa tras la reunión del Gobierno, la ministra portavoz afirmó que "ciertamente hay posibilidad" de que el Ejecutivo suba los impuestos, y añadió que esta cuestión "está trabajada" con muchas comunidades autónomas con el fin de mejorar las políticas sociales, "respetando" eso sí los Presupuestos Generales del Estado de 2018, tal y como se ha comprometido Pedro Sánchez.
De hecho, el PSOE contemplaba subidas de impuestos por importe de 6.500 millones en sus Presupuestos alternativos para 2018, presentados antes de la moción de censura. En concreto, proponía que la presión fiscal en España aumentara al 42% del PIB, frente al 38% del proyecto presupuestario del PP, con medidas como que las grandes corporaciones paguen un tipo efectivo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% y elevar el IRPF hasta el 52% para las rentas superiores a los 150.000 euros.
Los 6.420 millones se recaudarían a través del IRPF (1.900 millones) por la progresiva equiparación de los tipos impositivos en las rentas del trabajo y rentas de capital; cerca de 4.000 millones con el tipo mínimo del 15% en Sociedades, y otros 600 millones en tributación medioambiental con la equiparación del diésel y la gasolina.
A estos 6.500 millones se sumarían otros 1.500 millones de recaudación por la lucha contra el fraude, lo que totalizará los 8.000 millones de ingresos complementarios fiscales previstos por el PSOE en sus Presupuestos alternativos.
