El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dicho hoy que los consumidores eléctricos vulnerables tendrán distintas ayudas en función de su renta, que irán desde diferentes descuentos hasta el pago total de las facturas sin cortar la luz para los casos más graves. El desarrollo normativo del real decreto-ley aprobado hoy definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y dejará, al menos, cuatro tipos.
Estos son el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, atendido por los servicios sociales al que no se le cortará la luz, ha explicado hoy Nadal en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este último caso, ha explicado que el coste de los impagos para evitar esos cortes será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.
Asimismo, se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de preaviso en estos casos y las eléctricas estarán obligadas a comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si se da el caso de extremadamente vulnerable.
Para poder llegar a esto, el decreto supone incluir al consumidor "vulnerable severo" en el epígrafe de "suministros esenciales" que fija la ley eléctrica, es decir, aquellos a los no se les puede suspender el suministro, como cárceles u hospitales.
Todos estos cambios deberán desarrollarse en distintas normativas con el objetivo de tenerlo todo listo en tres meses.
Nadal ha subrayado que hay una mayor conciencia de las empresas eléctricas y que espera "generosidad" de todas las partes para que se haga posible.
De forma inmediata, la normativa aprobada hoy arregla la financiación del bono social, que pasará a costear todas las comercializadoras eléctricas y no solo las que tiene además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora.
El Tribunal Supremo tumbó recientemente ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.
El nuevo repartirá el coste de esta herramienta -unos 200 millones de euros al año- entre un mayor número de empresas, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por sus cuotas de mercado.
El bono social es actualmente un descuento del 25 % en la factura final de electricidad al que están acogidos 2,4 millones de hogares por distintos supuestos: familias con todos sus miembros en situación de desempleo, perceptores de pensiones mínimas, familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios.
Nadal ha añadido el objetivo de crear para todos los consumidores eléctricos un indicador -similar al TAE que se emplea en el sector financiero-, que permita a los consumidores comparar los distintos contratos.
El ministro ha explicado que todo este desarrollo reglamentario llevará tiempo, porque requiere pasar por la Comisión Europea, informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. "Queremos ir a la mayor velocidad posible (...) y necesitamos generosidad de todas las partes", ha pedido.
Tanto el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, como Nadal han destacado que todos estos cambios son fruto de acuerdos con los grupos políticos y recogen sus aportaciones.
