El Gobierno se ha marcado como objetivo llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible gracias a los planes puestos en marcha por el Ministerio de Transportes, los acuerdos con la Sareb, aquellos que se puedan alcanzar con los fondos de inversión y las ayudas europeas.
Según ha insistido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el problema estructural que sufre este mercado no es otro que la falta de oferta y por ello ha incidido en que es necesario estimular al sector privado para que saque viviendas en alquiler al mercado y a los distintos poderes públicos para que promuevan vivienda asequible.
Parque público de vivienda
En concreto, el parque público de vivienda social del Ministerio rondará las 44.000 viviendas (4.769 viviendas financiadas con el Plan Estatal de Vivienda; 11.608 viviendas impulsadas en suelos del Estado; 20.000 viviendas con cargo a los 1.000 millones de los fondos europeos y 7.623 viviendas gracias a los convenios con entidades locales en zonas con los alquileres más tensionados).
A esto se añaden otras 56.000 viviendas gracias a la colaboración público-privada para la creación de un fondo social (11.000 viviendas del fondo acordado con las entidades financieras, que se eleva un 10 %, 15.000 viviendas de la colaboración con la Sareb y hasta 30.000 viviendas con los acuerdos con entidades gestoras).
A este respecto, ha asegurado que con la nueva ley por el derecho a la vivienda se busca construir un verdadero parque público de vivienda, al tiempo que se establecen bonificaciones fiscales en el IRPF en determinados supuestos de control de precios, y queda por definir las zonas tensionadas y el recargo del IBI para las viviendas vacías.
Ocupación ilegal
Con respecto a los cambios introducidos por el Ejecutivo en el real decreto de 22 de diciembre que paralizaba los desahucios y que han sido denunciados por el sector como un amparo a la ocupación ilegal, Ábalos ha asegurado en el pleno del Congreso que con esta medida no se protege a delincuentes sino a colectivos vulnerables.
Durante su intervención, ha asegurado que tras la aprobación del real decreto de diciembre se constató que había menores, dependientes, o víctimas de la violencia género que no estaban protegidos y estaban inmersos en procedimientos penales.
"Es una medida puntual y excepcional y pensada para una situación como la actual de pandemia", ha añadido Ábalos, que recuerda que el juez sigue teniendo toda la facultad para decidir la suspensión o no de los lanzamientos y que la medida va dirigida a grandes tenedores, a los que se les ofrece una posible compensación.
El cambio en los desahucios
En concreto, el Ejecutivo modificó dos artículos del llamado decreto antidesahucios aprobado el pasado diciembre y amplió la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales.
El decreto antidesahucios preveía que el juez no pudiera suspender un lanzamiento cuando la entrada o permanencia en el inmueble fuera consecuencia de delito. Con los nuevos cambios, ahora pasa a ser "cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".
