El gobierno planteará que los jueces tengan poder para inhabilitar a cargos públicos. Esto supondría que en el mismo instante en el que un político fuese imputado, el magistrado podría retirarle de sus funciones. Ahora mismo el único caso que hay en el Congreso es el del exministro José Blanco.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reveló hoy en el Congreso que la Audiencia Nacional le ha felicitado por su "especial sensibilidad" para dotar a este órgano judicial de más medios para combatir la corrupción y otros delitos.
Alberto Ruiz-Gallardón, ha apuntado hoy que una de las medidas contempladas en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la posibilidad de que el juez pueda inhabilitar, como medida cautelar, a un cargo público desde el momento en que es imputado, siempre que el delito investigado conlleve también una pena de inhabilitación.
REFORZAR LA EFICACIA JUDICIAL
Gallardón se refirió a este asunto en el pleno de la Cámara Baja y en respuesta a una pregunta del diputado socialista Gabriel Echávarri, quien se interesó por las medidas que va a tomar Justicia "para reforzar la eficacia judicial en los casos de financiación ilegal de partidos políticos".
Este parlamentario acusó al ministro de estar reduciendo el personal judicial sin tener en cuenta que "la corrupción es el cáncer de la democracia". Echávarri señaló que contra estas conductas no caben "medias tintas" y se preguntó si Gallardón está "contaminado" para combatir la corrupción.
A este respecto, el ministro respondió al representante del PSOE que su partido es el único "que en la historia de la democracia española ha sido condenado por financiación ilegal", algo que tuvo lugar en 1988 y 1999.
"PALABRAS DEMAGÓGICAS"
Al mismo tiempo, el responsable de Justicia informó de que su departamento ha atendido "el 94% de las peticiones que se nos han hecho de apoyo, todas en el orden penal y todas en la Audiencia Nacional".
Añadió que, debido a esta colaboración con los jueces, Justicia "ha recibido del presidente de la Audiencia Nacional una comunicación donde se nos felicita por la especial sensibilidad que se viene mostrando en relación con la asignación de recursos materiales y humanos" a este órgano jurisdiccional. "Estos son hechos, lo suyo palabras demagógicas", afirmó.
Al mismo tiempo, Gallardón se refirió a que el Ejecutivo está promoviendo cambios legislativos como poner límite a sumarios y que el juez pueda inhabilitar cautelarmente a cualquier cargo público desde el momento en que sea imputado.
Añadió que también se ha introducido la responsabilidad penal de los partidos políticos, algo que destacó que el PSOE no ha apoyado.
El ministro concluyó que también se está tramitando una reforma del Código Penal que endurece "severamente el reproche que la sociedad tiene que hacer a cualquier conducta ilícita en relación con los fondos públicos".
ALFONSO GUERRA CREE QUE NO CABE JURIDICAMENTE
El histórico diputado socialista Alfonso Guerra considera que "no cabe jurídicamente" que los jueces puedan inhabilitar temporalmente a los cargos públicos simplemente porque estén imputados en un proceso judicial, como figura en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En declaraciones en el Congreso, Guerra ha recordado que la inhabilitación es una pena prevista en el ordenamiento jurídico que no debería aplicarse como medida cautelar, antes incluso de que se inicie el procesamiento.
"Yo creo que no tiene base jurídica. Una medida cautelar es quitar un pasaporte, pero esto es condenar. Yo creo que jurídicamente no cabe, pero no soy un experto", ha asegurado.
