El Gobierno ha dado el primer paso en la reforma de la administración local con la revisión de un informe de la futura ley de racionalización y sostenibilidad de dichas administraciones, cuyo anteproyecto será aprobado por el Consejo de Ministros durante este mes. Esta norma persigue clarificar las competencias y la estructura administrativa de las entidades locales, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado ante el Consejo el informe sobre esta norma, que servirá para iniciar la reforma de la administración anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso de investidura.
La vicepresidenta ha recordado que esta reforma de la administración local se verá reforzada también con la Ley de Transparencia, que establecerá que los Presupuestos Generales del Estado fijen los baremos de los sueldos de alcaldes y concejales, como sucede con los del presidente, los ministros y otros miembros de instituciones públicas.
El Ejecutivo tiene intención de aprobar con "gran inmediatez", durante este mes, la norma de racionalización y sostenibilidad local, cuyo nombre ha desvelado hoy la vicepresidenta y que modificará la actual Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.
Por lo tanto, la clarificación de estas competencias y de la estructura afectará a la financiación y la aplicación de las medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales y "a las que queden después de ese procedimiento".
La vicepresidenta no ha cifrado el ahorro que se conseguirá con esta ley, aunque ha precisado que el anteproyecto incluirá la correspondiente memoria económica.
En el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado marzo, el Ejecutivo calculaba ahorrar 3.500 millones de euros gracias a la ordenación de las "competencias impropias" y la agrupación de municipios.
Según ha avanzado en las últimas semanas el Ejecutivo, la reforma no implicará la eliminación de ayuntamientos, pero sí la supresión de todas las mancomunidades, al considerarlas unas entidades "opacas".
Asimismo, esta norma potenciará el papel de las diputaciones provinciales, que gestionarán servicios obligatorios y mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes.
El Gobierno inició el pasado 4 de junio las negociaciones con el PSOE para intentar pactar este texto y remitir una propuesta consensuada a las Cortes Generales antes del periodo vacacional. No han conseguido avanzar desde entonces en las negociaciones y los socialistas han acusado al Gobierno de abrir una vía a la privatización de los servicios a raíz del refuerzo de las diputaciones.
El responsable municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha avisado de que su partido llevará ante el Tribunal Constitucional esta futura ley si no se modifica la propuesta inicial.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha mostrado hoy sus reparos al proyecto y ha afirmado que la comunidad debe defenderse en la calle ante la "nueva agresión" al Estatuto de Autonomía y a los entes locales que supone, a su juicio, la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por ello, ha pedido "frenar" esa reforma porque se ha hecho "sin participación de nadie" y no se ha convocado al consejo sectorial local para tratar asuntos como el recorte de servicios o la disminución de concejales.
En cambio, el expresidente del Gobierno Felipe González ha aplaudido hoy la posibilidad de que en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se incluya la agrupación de municipios, aunque ha considerado que debe hacerse sin que éstos "pierdan su identidad".
