El Gobierno prohibirá las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros

El pago en efectivo en las transacciones en las que esté presente un empresario profesional quedará limitado a 2.500 euros a partir de la aprobación, el próximo viernes, del plan de lucha contra el fraude fiscal, ha desvelado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El incumplimiento de esta norma supondrá multas del 25 % de la cuantía del pago.

El jefe del Ejecutivo ha ofrecido estos detalles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la necesidad de adoptar medidas excepcionales y una política económica "dura y costosa" aunque no produzca efectos a corto plazo. Para ello está dispuesto a dialogar, como le ha expresado al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también ha recalcado que tiene la legitimidad de los votos para gobernar y que así debe hacerlo para conseguir su primer objetivo: reducir el déficit público.

Dentro de los planes para aumentar la recaudación, con el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprueba el próximo Consejo de Ministros el Gobierno prevé recaudar 8.171 millones de euros, según el cálculo inicial que hizo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando anunció la medida el pasado 5 de enero. Esta cantidad está un 11,3 % por debajo de los 9.209,77 millones de euros alcanzados en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones, según el Gobierno.

Rajoy, a preguntas del diputado de IU Cayo Lara, ha especificado hoy dónde se sitúa el límite para el pago en efectivo, y que está en línea con lo previsto cuando se hablaba de que el plan estaría inspirado por los modelos francés e italiano, donde la limitación es a partir de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente. En su debate con Lara, Rajoy ha defendido medidas como la amnistía parcial a las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre, que tiene sentido, según dijo, "en la situación actual".

Ha insistido en que es una "medida excepcional", que solo tendrá efectos en 2012 y responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3 % del PIB en 2013. Asimismo, ha recordado que se han adoptado medidas similares en 1977, 1984 y 1991, y ha recalcado que en aquellas ocasiones sí fueron amnistías fiscales porque las rentas que se regularizaron no pagaron nada, mientras que ahora deberá abonarse entre un 8 y un 10 %.