El Gobierno prorroga la ayuda para los parados e impulsa la unidad de mercado

El Gobierno ha aprobado la prorroga automática del plan Prepara para los desempleados para paliar, en la medida de lo posible, los efectos "dramáticos" del paro. Además el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una norma que permitirá a las empresas y profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una única licencia y que conllevará un aumento del PIB de 1.500 millones de euros al año.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga automática -hasta que el paro baje del 20 %- del plan Prepara, por el que los desempleados que han agotado sus prestaciones y carecen de rentas puedan recibir hasta 450 euros si tienen cargas familiares, mientras que si carecen de ellas el importe es de 400 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que la prorroga se ha aprobado mediante real decreto-ley y con ello se acaba el que cada seis meses, como se hacía hasta ahora, se tenga que renovar esta ayuda para los desempleados.

El visto bueno del Gobierno se ha producido el día después de que se conociese que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2012, el año pasado acabó con una tasa de paro del 26,02 %, lo que deja el número total de desempleados en 5.965.400.

Junto a la vicepresidenta ha comparecido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien ha destacado que la prorroga se debe al compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los más débiles. Además, se ha atendido a la demanda que los agentes sociales habían hecho al respecto para que el plan tuviera continuidad y no estuviera sometido a la arbitrariedad del partido de turno.

Báñez ha indicado que la renovación se produce en los mismos términos en los que se hicieron en agosto pasado.

La titular de Empleo también ha subrayado que la decisión del Ejecutivo ha venido motivada por la "difícil" situación económica y social que se ha vivido durante 2012, ejercicio del que ha dicho que ha servido para asentar las bases de la recuperación. Sin embargo, ha precisado que queda camino por delante y por eso se ha tomado una decisión "tan importante" como es proteger a los más necesitados.

Báñez también ha aprovechado su intervención para defender la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo en febrero pasado que ha frenado el ritmo de destrucción de empleo y gracias a ella hay 400 parados menos al día, ha dicho.

El real decreto aprobado hoy también amplía el derecho a la reposición de la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores que se hayan visto inmersos en una suspensión o reducción de jornada y que luego les hayan despedido. Esta medida afectará a los asalariados a los que se les suspenda o reduzca la jornada hasta el 31 de diciembre de este año y cuyo despido se produzca hasta el 31 de diciembre de 2014.

Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 el plazo para hacer contratos para la formación y el aprendizaje no vinculados a los certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.

UNA ÜNICA LICENCIA PARA LA UNIDAD DE MERCADO

Además el Gobierno ha dado hoy luz verde al anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una norma que permitirá a empresas y profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una única licencia y que se estima que aumentará anualmente el PIB en 1.500 millones en sus primeros diez años.

La nueva normativa, inspirada en los principios de licencia única y legislación de origen sobre los que se basa el Mercado Único Europeo, persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas, dijo hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.

Se trata, señaló Sáenz de Santamaría, de una de las reformas "más importantes" y de las "que hacen país", ya que se elimina la "maraña normativa" que suponen las diferencias legales comerciales existentes entre el Estado y las administraciones autonómicas y locales.

Ahora, hay empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España.

Economía calcula que la aprobación de esta ley conllevará un aumento del PIB del 1,52 % en sus primeros diez años de vigencia, lo que supone un incremento anual del 0,15 equivalente a 1.500 millones de euros al año.

"Es una norma que beneficia todos y no perjudica a nadie. No es una ley armonización ni recentralización de competencias. No se mete en las competencias de nadie", ha dicho la vicepresidenta, quien ha añadido que las autonomías más beneficiadas serán las que tienen los sectores industriales y de servicio más importantes: Cataluña, Madrid y País Vasco. El anteproyecto pasará por la Conferencia Sectorial del Comercio para recabar el máximo consenso entre todas autonomías.

La nueva regulación, necesaria para elevar la competitividad y recuperar empleos, permitirá reducir en un 35% las cargas administrativas, que actualmente representan en 4,6% del PIB, ha afirmado.

La ley se basa en la confianza y el reconocimiento mutUo y en la responsabilidad de todas las administraciones, o lo que es lo mismo que una autonomía se "fíe" de aquella que da la licencia.

La norma establece la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa que velará por el cumplimiento de la ley, estará presidido por el ministro de Hacienda y contará con la participación de los consejeros autonómicos del ramo.

Además, habilita a los operadores a denunciar ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los actos o sanciones de las administraciones públicas que consideren que vulneran la unidad de mercado.Esta Comisióndeberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud y, en caso de que la admita a trámite, interpondrá recurso ante autoridad judicial, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido.

Además, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, la ley incluye el principio de no discriminación.