El Gobierno quiere ahorrar 100 millones de euros en alquileres

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que el país tiene "la obligación de reducir el déficit" del 8,51% al 4,4 % y que ésta es una tarea a la que están obligadas todas las administraciones públicas sin excepción. "No podemos permitirnos otra cosa", ha sentenciado.

La vicepresidenta que compareció ante la Comisión Constitucional del Senado para presentar sus planes de trabajo para la legislatura y se ha referido en primer lugar a la cifra del déficit fijada ayer por el Gobierno, que supera en 2,5 puntos la previsión del anterior Ejecutivo "y lo que es peor", el objetivo comprometido. "Podemos buscar el origen desfase, podemos imputar responsabilidades, pero no es el momento de repartir culpas ni de poner excusas sino de aprender las lecciones del pasado y evitar que se repitan", ha señalado.

Sáenz de Santamaría ha recordado que las cuentas públicas han pasado del superávit en 2007, cercano al 2 por ciento, a un déficit por encima del 11 por ciento en 2009 y al 8,5 del año pasado y ha subrayado que los ciudadanos se preguntan cómo "no se ha corregido a tiempo" y se ha llegado a esta situación. Entre las causas, ha apuntado a que en 2006 se relajó el control por el Estado y "se permitió" que se relajaran también las Comunidades Autónomas, lo que "no fue una buena opción".

Entre las medidas contra el déficit, Sáenz de Santamaría ha confirmado que este viernes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Estabilidad presupuestaria, que enviará a las Cortes con la intención de lograr un gran acuerdo en la tramitación parlamentaria. "Hay que convertir esa regla básica de economía doméstica de no gastar más de lo que se ingresa en norma legal para todas las haciendas públicas", ha concluido.

La vicepresidenta del Gobierno ha avanzado que el Ejecutivo presentará unos presupuestos "austeros, ajustados y realistas" que transformarán "radicalmente" la forma de gestionar los recursos públicos. Se trata, según ha manifestado ante la Comisión Constitucional del Senado, de un cambio "imprescindible por razones económicas, por ética pública" y por respeto al esfuerzo que están realizando los contribuyentes.

AHORRAR 10 MILLONES DE EUROS EN ALQUILERES

La vicepresidenta del Gobierno anunció que el Ejecutivo aprobará una reducción inicial del 20% de las empresas públicas y fundaciones y pondrá en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria que permita acabar con la "paradoja" de que se gasten 100 millones de euros en alquileres.

Además, ha avanzado que antes de un mes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una norma cuya vulneración llevará aparejadas sanciones para quien incumpla el límite de déficit o no refleje los gastos contraídos. Además, esta norma irá acompañada de una modificación del Código Penal para castigar las conductas más graves, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos.

Además Sáenz de Santamaría ha avanzado que el Gobierno reducirá, fusionará y eliminará entidades que no sirvan a "un propósito público claro y justificado". Según ha recordado, actualmente existen 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios. La portavoz ha recalcado que la deuda pública acumulada por estos organismos se acerca a los 60.000 millones de euros, "prácticamente el triple que hace tres años". Por eso, ha dicho que Hacienda y Presidencia trabajan por una "reducción inicial" de entidades del entorno del 20%.

En su intervención, Santamaría ha señalado que resulta "paradójico" que se gasten 100 millones de euros en alquileres y ha añadido que hay patrimonio sin utilizar en el centro de Madrid por valor de 500 millones de euros. "Es necesario poner en marcha un plan integral de gestión de ese patrimonio, un planteamiento global sujeto a pautas homogéneas, en cuanto a la valoración de los bienes, gestión de activos, ocupación de espacios, planificación de proyectos, obras y servicios generales de mantenimiento y conservación", ha detallado, para afirmar rotunda que el Ejecutivo va a mirar "cada euro que se gasta", con "modelos de rigor" en la gestión de recursos públicos.

PSOE: LAS COMUNIDADES, LAS QUE MAS INCUMPLEN

El PSOE ha ofrecido al Gobierno su total apoyo para reclamar a la Unión Europea una "revisión" y "flexibilización" del calendario de reducción del déficit aprobado para los Estados miembros, que en el caso español prevé bajar del 8,5% al 4,4% por ciento a lo largo de este ejercicio, apuntando que adoptar únicamente medidas de austeridad supondrá un "estrangulamiento de la economía" y defendiendo que hacen falta también medidas de estímulo del crecimiento.

La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha defendido en rueda de prensa que la cifra de déficit a la que se llegó a finales del pasado ejercicio tiene que llevar a las diferentes formaciones políticas a "trabajar conjuntamente" y a "mirar al futuro" para que España pueda "renegociar un calendario de reducción del déficit que sea mucho más flexible y que permita compaginar las necesarias medidas de ajuste con medidas de estímulo al crecimiento". "Sólo con ajustes no se sale de la crisis. Hay que trabajar ya para renegociar un calendario más flexible de ajustes y en este objetivo el Gobierno tendrá a su lado al PSOE", se ha comprometido.

La portavoz socialista ha defendido que el Gobierno socialista anterior cumplió el objetivo comprometido del 6%, con una ligera desviación de tres décimas y ha incidido en que los gobiernos autonómicos son los que han provocado el grueso de la desviación. "El desvío está claramente en la parte de las comunidades autónomas", ha subrayado, reconociendo a renglón seguido que los gobiernos autonómicos tiene poco margen de maniobra porque la mayor parte de sus fondos van a servicios básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales. " Hay determinados servicios básicos que no pueden ser recortados sin tocar además derechos sociales", lo que deja la revisión del calendario de estabilidad fiscal como única vía de maniobra.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha urgido asimismo a consensuar una estrategia "compartida" para persuadir a las instituciones europeas de la conveniencia de modificar a la baja el techo del déficit fijado puesto que, a su juicio, es "imposible el empeño" de llegar al 4,4 % del PIB.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha culpado a los anteriores gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de José María Aznar del elevado déficit público español, por considerar que ambos bajaron muchos impuestos, sobre todo a las grandes empresas, y no lucharon contra el fraude fiscal. Para Lara también el déficit de 2011 (8,51% del PIB, 2,51 puntos superior al previsto) servirá al Ejecutivo de Rajoy para justificar más recortes, lo que conllevará "más recesión y más paro".

La portavoz de CiU, Eva Parera, ha reivindicado el pacto fiscal para Cataluña, pero ha garantizado también su apoyo solidario al Gobierno, al recordar la "herencia" que también recibió su partido al llegara a la Generalitat.

COSPEDAL AL PSOE: "NO SE PUEDE SER EL PIRÓMANO Y LUEGO DECIR QUE SE QUIERE APAGAR EL FUEGO"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha respondido a las críticas del PSOE contra los gobiernos autonómicos del PP por los datos del déficit, manifestando que "no se puede ser el pirómano y luego decir que se quiere apagar el fuego". Según Cospedal, ha sido el Gobierno socialista el que ha dejado a España con un déficit del 8,51%, cuando dijo que éste era del 6%. A su juicio, el anterior Gobierno "permitió la situación que se ha producido" al retirar la obligación a las comunidades autónomas de cumplir los límites de gasto y endeudamiento.

Para Cospedal ha sido el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el que "a base de no tomar medidas ha abocado al país a la situación que hay hoy en día". "Hay que cumplir con un objetivo: no gastar lo que no se tiene", ha aseverado Cospedal, para agregar que también hay que "decir la verdad" y que "algunos deberían revisar su actuación, que les ha hecho perder la confianza". Por ello, considera "absolutamente increíble" que el PSOE y en particular su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, así como otros grupos de la oposición reprochen al equipo de Mariano Rajoy que no haya cumplido con sus "quehaceres".