El Gobierno rechaza que cada autonomía dé su propia solución a los desahucios

El Gobierno considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado que estudiará "el encaje legal" de las medidas anunciadas por Andalucía. "

No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso.

El ministro ha afirmado que se estudiarán "los hipotéticos efectos" del decreto ley anunciado por la Junta de Andalucía, que pretende sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías e incluso contempla la expropiación de viviendas para las familias sin recursos. Ruiz-Gallardón ha defendido que la "respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan".

A ese respecto ha recordado que el Congreso está tramitando una "respuesta de carácter nacional que afecte a todos los españoles por igual" y ha insistido en que "todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y, por lo tanto, la respuesta que se dé a un problema nacional tiene que ser una respuesta nacional".

También ha recalcado que el Congreso está "dando respuestas a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica", y que las medidas que se adopten tienen que tener una "cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado".

Ha apuntado que hasta que la medida del Ejecutivo andaluz no esté "formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Andalucía", el Gobierno tendrá hacia ella una "actitud de estudio", y se ha comprometido a comunicar sus "decisiones sobre la propuesta de la Junta de Andalucía, cuando tenga realizados los estudios y los informes".

GRIÑÁN DICE QUE EL DECRETO DE VIVIENDA ES PLENAMENTE CONSTITUCIONAL

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha dicho que su gobierno tiene la "tranquilidad" de que el decreto de vivienda es "plenamente constitucional" porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos y ha anunciado más medidas contra la exclusión social.

"Este es un primer paso y no será el último" porque hay muchas personas que además de estar en paro tienen un alto nivel de endeudamiento, ha dicho sobre la medida que prevé expropiaciones temporales Griñán, que ha enfatizado que esas situaciones son una "nueva forma de marginación social que entre todos tenemos que afrontar".

Ante las dudas sobre la constitucionalidad del decreto ley sobre la función social de la vivienda que aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, Griñán ha invitado a quienes así lo consideran a que "vayan al Derecho Comparado, a Francia o al Reino Unido, donde incluso prevén la confiscación en aquellos casos en los que las viviendas no se utilizan".

EL PP ALERTA SOBRE LA "INSEGURIDAD JURÍDICA"

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, alerta sobre la "inseguridad jurídica" del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

Zoido se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha reprochado a la Junta su afán por "manipular" y por "ir a buscar un titular" con esta medida que supone "romper con los consensos" desde el principio y hacer "difícil" la resolución de un problema por las "dudas jurídicas" que plantea el nuevo texto del Gobierno autonómico.

En esta línea, ha acusado al PSOE-A de ser "víctima, una vez más, de las presiones de IULV-CA" y ha asegurado que, si la formación de izquierdas no estuviera en el Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hubiera permitido una normativa autonómica como ésta que "lo único que pretende es buscar un titular" y que no se va a traducir, según ha augurado, "en ninguna medida real para las personas que las necesitan". "Y si no, vengamos aquí dentro de seis, ocho meses o un año y hablemos otra vez de estas medidas que dicen ser innovadoras y revolucionarias y vemos en qué se han traducido", ha propuesto como desafío.

EL PSOE DEFIENDE LA LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS ANTIDESAHUCIOS

Mientras, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha defendido hoy la legalidad de las medidas aprobadas por el Ejecutivo andaluz para frenar los desahucios, que a su juicio demuestran que los gobiernos pueden y deben actuar para cambiar la situación de la gente ante una situación de emergencia.

Soraya Rodríguez ha explicado a los periodistas en los pasillos del Congreso que se trata de una propuesta "excepcional" para dar solución a una situación de emergencia y "tremenda" como es la expulsión de una familia de su vivienda en condiciones de exclusión y enormes dificultades.

En concreto, ha señalado, se trata de que esa familia pueda permanecer en esa vivienda durante tres años con una expropiación temporal de uso por parte del Gobierno andaluz, vinculada a un objetivo social, ya que ha recordado que "la propiedad privada en la Constitución está vinculada a una función social".

En esta misma línea, la diputada socialista Trinidad Jiménez ha señalado que "cuando el Gobierno andaluz ha decidido tomar esta medida es porque ha visto que tiene un marco legal que ampara la decisión". "En todo caso -ha añadido- hay que saber que no es la expropiación de cualquier piso, sino con unas condiciones perfectamente establecidas y para tratar de dar respuesta a una situación de extraordinaria necesidad como la que se está planteando".