El Gobierno mantiene su intención de recurrir mañana ante el Tribunal Constitucional la propuesta para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, fijada para el 30 de enero, pese a que el Consejo de Estado no haya avalado su impugnación ahora de forma preventiva.
El Ejecutivo había pedido esta mañana al Consejo de Estado que emitiera un informe, que es preceptivo pero no vinculante, sobre la impugnación de la designación como candidato de Puigdemont, que se encuentra en Bruselas huido de la justicia española.
Fuentes del Consejo de Estado han señalado que el órgano consultivo no ve fundamentos para impugnar en este momento la candidatura de Puigdemont, cuando todavía no se sabe siquiera si se va a presentar en el Parlament para su investidura.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado esta mañana la voluntad del Ejecutivo de presentar el recurso de inconstitucionalidad y ha señalado que el estatus jurídico de Puigdemont es "incompatible" con una investidura presencial, ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.
"Torrent no puede proponer como candidato a Puigdemont. Puede proponer a otro", ha dicho la vicepresidenta y ha subrayado, lanzando un mensaje al presidente del Parlament: "Espero que sus comienzos sean acatar las decisiones de los tribunales, en este caso el TC, sea la que sea. Convendría darle ese espacio para que se muestre o no respetuoso con la legalidad".
Roger Torrent no ha hecho declaraciones al respecto, pero al filo de las siete de la tarde ha publicado en Twitter la imagen de la convocatoria, con su firma, del debate de investidura con Puigdemont como candidato.
Quien sí ha hecho declaraciones ha sido el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que ha acusado al Gobierno de Rajoy de perpetrar un "golpe de Estado" al "no aceptar los resultados" de las elecciones del 21D y "coaccionar" a Torrent para que renuncie a que Puigdemont sea candidato a la investidura.
El propio Puigdemont ha exigido la dimisión de Sáenz de Santamaría tras conocer la decisión del Consejo de Estado. "Tiene que dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar", ha dicho a través de su cuenta de Twitter.
El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, que ha reiterado el apoyo a Puigdemont como candidato, ha afirmado que el recurso es "inadmisible" y ha criticado que el PP "quiere ganar en los tribunales lo que no gana en las urnas".
La diputada de Ciudadanos Lorena Roldán se ha mostrado favorable al recurso anunciado por el Gobierno y ha lamentado que los catalanes tengan que estar pendientes de los "juegos" de Puigdemont.
También la diputada del PSC Eva Granados ha salido en apoyo del recurso, porque "persigue el mismo objetivo" de que la legislatura se inicie "en condiciones normales", ha dicho.
La portavoz de Catalunya En Comú, Elisenda Alamany, ha emplazado a JxCat y ERC a facilitar un Govern que "se pueda poner en marcha" y que permita liberar el autogobierno catalán "de las zarpas de Soraya Sáenz de Santamaría".
Los independentistas daban por hecho que el Gobierno central no actuaría tan pronto, sobre todo después de que ayer Rajoy dijera que el recurso ante el TC "tendría que presentarse después de que se produjera el acto administrativo que lo motivara", y añadiese: "No podemos presentar un recurso porque alguien haga declaraciones en los medios de comunicación".
"Si alguien dice que el señor Puigdemont va a comparecer aquí a través de una televisión, no podemos recurrirlo. Pero sí podemos recurrir la decisión de la Mesa que diga que el señor Puigdemont puede actuar de esta manera, y entonces es cuando lo haremos. Hay que respetar siempre los procedimientos y las normas", agregó ayer.
Pero después de lo anunciado hoy, el Gobierno considera que el recurso situará ya al presidente del Parlament en la tesitura de optar por el respeto a la ley o seguir la "vía Forcadell".
En un momento en que Torrent aparece como figura emergente de ERC, y mientras el partido ve como buena parte de sus dirigentes están envueltos en causas judiciales por el proceso soberanista que pueden obligarles a apartarse de la primera línea de la política, fuentes republicanas ponen más que nunca en valor al presidente del Parlament y abogan por preservarlo de situaciones que podrían "quemar" judicialmente también su carrera.
