El Gobierno no se someterá al control del Congreso mientras esté en funciones

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes va a comunicar por escrito al Congreso que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no se va a someter al control parlamentario, por entender que "ni puede ni debe". "No podemos someternos a las iniciativas de control por parte de un cámara que no ha otorgado su confianza al Gobierno en funciones", ha argumentado en rueda de prensa el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en cuya opinión "no tiene ningún sentido" que el Ejecutivo de la décima legislatura sea controlado por el Parlamento de la undécima legislatura.

Para ilustrar sus palabras, Ayllón ha señalado que pedir la comparecencia de Rajoy es comparable a pedir la comparecencia de Felipe González.

Según ha explicado, su departamento va a contestar de esta forma a la petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, incluida ayer en el orden del día del 17 de marzo de la comisión correspondiente, y también al resto de iniciativas de control que pueda recibir, incluida la de que comparezca el propio presidente.

"Vamos a contestar a cada iniciativa que se plantee al Gobierno con un escrito similar a este, si hay alguna otra iniciativa de control, en el que comunicaremos la voluntad del Gobierno de que no podemos ni debemos ejercer una acción que no nos corresponde como Gobierno en funciones", ha recalcado Ayllón.

Ha recordado que el Gobierno cesó tras las elecciones del 20D y, desde entonces, el presidente y los ministros ejercen las funciones de despacho ordinario.

Con todo, ha diferenciado el control parlamentario de las comparecencias informativas, en las que ha enmarcado la celebrada hace unas semanas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para hablar de la reunión del Consejo Europeo que abordó, entre otras cuestiones, el referéndum en el Reino Unido.

Respecto a las iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios, ha explicado que el Gobierno tiene la potestad de estudiarlas durante 30 días hábiles para determinar si suponen un incremento de gastos o una disminución de ingresos.

Un plazo que el Ejecutivo va a agotar, ha dicho antes de recordar que el Gobierno del PP "jamás" ha vetado una iniciativa parlamentaria y que no ve motivos para romper esa tradición ahora.