El Gobierno limita los sueldos de las cúpulas bancarias con ayudas públicas

El Gobierno ha establecido un límite a los sueldos de los directivos de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España. El Gobierno limita a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, segun anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros.

Los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros.

Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, sólo los directivos de BMN poseen salarios por debajo de este umbral, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer públicas sus remuneraciones. A la cabeza de estas entidades se coloca el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, que reconoció una remuneración anual de 2,34 millones de euros, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente, Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros.

El Gobierno también estableció un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades controladas por el FROB, y que serán subastadas a lo largo del año. Estas entidades, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha calificado como "intervenidas", son Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia, a las que se une el Banco de Valencia, cuyo consejo de administración fue destituido por el Banco de España hace unos meses.

El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros. En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.

Estas limitaciones están contenidas en el Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, que hoy aprobó el consejo de ministros y que, entre otros puntos, endurece las exigencias de provisiones de la banca, con objeto de contar con entidades más saneadas y eficientes, y promover una nueva ronda de concentraciones.

La nueva normativa aborda uno de los aspectos que ha generado en los últimos meses más malestar social, como son los altos salarios que perciben los directivos de los bancos y cajas que han percibido ayudas publicas.

El Gobierno pidió al Banco de España un informe con recomendaciones sobre este asunto, con objeto de introducirlo en la reforma financiera. El informe del Banco de España revela que las entidades que han percibido ayudas del FROB cumplen de manera "media o baja" las directivas europeas sobre esta materia, "dejando claro -dijo el ministro- que el Banco de España era el responsable del cumplimiento de estas directivas".

La reforma financiera aprobada hoy diferencia entre las entidades que recibieron préstamos y las que registraron la entrada del FROB en su capital. En estas últimas, los consejeros no ejecutivos no podrán cobrar más de 50.000 euros, mientras que la alta dirección no sobrepasará los 300.000 euros.

En el caso de las entidades financiadas por el FROB mediante préstamos, los consejeros cobrarán un máximo de 100.000 euros, y la alta dirección 600.000 euros.

No obstante, en algunas de estas entidades se da el caso de directivos con sueldos altos pero que fueron fichados con la misión de reflotar la entidad.

De Guindos señaló que aunque se suspenderá el pago de las retribuciones variables, pasados tres años se valorará si los ejecutivos han sido capaces de llevar a cabo el plan previsto.

Asimismo, el Gobierno ha acordado simplificar las estructuras de cajas de ahorros que no tengan actividad de crédito, por lo que éstas quedan limitadas a la asamblea general y al consejo de administración, con el fin de reducir los costes en las entidades.

El Gobierno ha aprobado también que las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero destinen a su obra social al menos el 90% de los dividendos que reciban por su participación en el banco.

LA REFORMA FINANCIERA REANIMARÁ EL CRÉDITO

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos ha afirmado este viernes que la reforma financiera aprobada por el Gobierno permitirá la recuperación del flujo de crédito a las familias y pequeñas empresas españolas.

De Guindos ha afirmado que la reforma mejorará la credibilidad de las entidades financieras españolas, que podrán financiarse en los mercados de capital y esto "antes o después" se reflejará en la puesta de créditos a disposición de familias, pymes y autónomos. Además, ha explicado que todas las entidades financieras que se fusionen tendrán que comprometerse a mantener la concesión de créditos a pymes, particulares y autónomos para que puedan "lanzar su actividad".

Según De Guindos, las dudas que suscitaba la valoración de los activos de los bancos y cajas españolas lastraban su credibilidad, lo que dificultaba la financiación de las entidades en los mercados internacionales y repercutía en menores créditos a particulares y empresas. Ha asegurado que la reforma permitirá que la confianza se restaure, ya que las entidades estarán "más saneadas", serán "más transparentes" y tendrán "un mejor gobierno corporativo".

El Gobierno ha aprobado hoy una reforma financiera en la que da cuatro meses a las entidades para anunciar fusiones y un mínimo de un año para sanear sus activos inmobiliarios con 50.000 millones de euros.

LINEA DE CRÉDITO ICO PARA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES

Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la aprobación de una línea de crédito del ICO por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, para la financiación directa de las comunidades autónomas condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit. Sáenz de Santamaría ha destacado que la línea pretende pagar a proveedores de las comunidades con contratos de suministros de obras y servicios contraídos con anterioridad al 1 de enero de este año.

Así, según Sáenz de Santamaría, el Gobierno trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en pagos de deudas con proveedores para dinamizar a las pymes, que tienen deudas no pagadas todavía por las administraciones autonómicas.

Además, la línea busca que se pueda cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda financiera asumida por las comunidades antes del 1 de enero de este año cuyo pago venza antes de mediados de este ejercicio.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado la importancia de esta medida por tratarse de asuntos que afectan especialmente a las pymes y que están destruyendo el tejido empresarial.