El Gobierno deja en suspenso la aprobación de la senda de déficit

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aplazado la aprobación de la senda de déficit y deuda que el Consejo de Ministros pensaba aprobar este viernes hasta resolver cómo puede reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado, donde el PP tiene actualmente mayoría absoluta que le permite tumbar la propuesta.

Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron el jueves a Servimedia que la senda de déficit se debatiría y aprobaría este mismo viernes en el Consejo de Ministros para recibir luz verde y enviarlo a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Sin embargo, desde La Moncloa se cambió de opinión en la tarde del jueves y finalmente se decidió sacar este asunto del orden del día.

El motivo es que el Ejecutivo socialista quiere aclarar primero cuál es el procedimiento adecuado para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, a lo que se ha comprometido con Unidos Podemos, para eliminar el veto del Senado a la aprobación de la senda de déficit.

De hecho, la formación morada que lidera Pablo Iglesias adelantó el jueves que la reforma legislativa se haría a través de un decreto ley del Consejo de Ministros o de una proposición de ley a presentar por un grupo parlamentario en el Congreso.

Inicialmente la opción preferida era la del decreto ley porque permite llevar a cabo la modificación de manera urgente en 24 horas, con la aprobación el viernes en Consejo de Ministros y entrada en vigor de inmediato en vigor al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, especialistas jurídicos en asuntos parlamentarios y constitucionales explicaron a Servimedia que sería "imposible" reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante decreto ley porque tiene carácter de ley orgánica y eso excluye la vía del decreto ley.

De hecho, la Constitución obliga en el artículo 81 a que la aprobación o reforma de una ley orgánica sea mediante el trámite específico reservado para estas normas cualificadas, que ademas exigen el voto a favor por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.

Estos obstáculos jurídicos son los que habrían llevado al Gobierno a cambiar sus propios planes la víspera del Consejo de Ministros y aplazar la aprobación de la senda de déficit prevista para mañana hasta aclarar primero cómo reformar la Ley de Estabilidad.

ESTABA TODO LISTO

El Gobierno tenía todo listo tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado con las comunidades autónomas el miércoles y la reunión con la Comisión de Entes Locales de este jueves. De hecho, el Ministerio de Hacienda confirmaba por la mañana que se aprobaría el viernes, hasta que La Moncloa ha decido lo contrario por la tarde.

La senda de estabilidad preparada por el Ejecutivo, que de momento queda paralizada, establece un objetivo de déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas mayor que el anterior objetivo del 1,3% que había sido fijado por el anterior Gobierno del PP.

En concreto, se espera que sea del 0,4% en la Administración central, del 1,1% en la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales. Según los cálculos del Gobierno, este aumento supondrá un aumento de 6.000 millones en el gasto del conjunto de las administraciones, en comparación con el anterior objetivo.

De cara a 2020, el objetivo para el conjunto de las administraciones públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración Central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.

NIVELES DE DEUDA

En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas, y del 2,3% para las corporaciones locales.

En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración Central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración Central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales. En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.

El Ejecutivo necesita la aprobación de los nuevos objetivos de déficit y deuda para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con un mayor margen de gasto, ya que de lo contrario tendrá que diseñar las cuentas basándose en los objetivos marcados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.