La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo no se plantea acotar las manifestaciones en un espacio concreto para que no circulen por el centro de las ciudades y ha defendido la necesidad de buscar el equilibrio entre quienes se manifiestan y los que no, pero usando los mecanismos ya previstos actualmente a través de la Delegación de Gobierno, con competencias para modificar itinerarios.
"Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica a los ministros de Justicia e Interior sobre este punto ni se está trabajando en este sentido", ha dicho la vicepresidenta al ser preguntada por esta propuesta, que ha recibido el sobrenombre de 'manifestódromo', en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
No obstante, ha hecho hincapié en varias ocasiones en la defensa de los derechos de quienes no se manifiestan. "Si que analizamos en cada manifestación en qué manera esos itinerarios perjudican lo menos posible al resto de ciudadanos.
Reconociendo el derecho de manifestación, la Delegación de Gobierno, en ocasiones avalada por los tribunales, ha tratado de reconciliar ambos conceptos y es en lo que estamos trabajando", ha explicado.
UNA LINEA ROJA SIN MATICES
Ha enfatizado que "la violencia no puede tener ninguna justificación en ningún ámbito" y ha defendido "marcar la línea roja de la democracia". "Pediría a todas las fuerzas políticas que ahí no hagamos matices. Una cosa es manifestarse y otra aprovechar manifestaciones para atentar contra los derechos de todos los demás", ha zanjado.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, avanzó este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, consideró "muy atinada" esta propuesta. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, reprochó a los dirigentes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid que no le apoyaron cuando hace año y medio habló de "modular" el derecho de manifestación.
Precisamente la Coordinadora del 22M, impulsora de las Marchas de la Dignidad, ha anunciado que se ha reunido con tres observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para denunciar los "abusos" policiales que a su juicio se produjeron tras la manifestación del pasado sábado.
Los incidentes en las Marchas de la Dignidad se saldaron con 101 heridos- 67 de ellos policías- y 21 detenidos. En relación a los sucesos del sábado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid que acordó la libertad de un detenido.
