El juez Javier Gómez Bermúdez ha propuesto juzgar al expresidente de CAM Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconder la "crítica" situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.
El magistrado ha dado por concluida en un auto la investigación sobre la gestión de los que fueran máximos responsables de la extinta entidad alicantina, y los acusa de un delito de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.
Gómez Bermúdez atribuye los mismos delitos al ex director general de Planificación y Control Teófilo Segorb; al ex director general de Recursos Vicente Soriano; al exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Según el juez, los estados financieros de CAM de 2010 y primer semestre de 2011 "no reflejaban la imagen fiel de la entidad", sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, por lo que el resultado contable "debería haber sido menor en 210.341.000 euros".
Además, se había contabilizado "de forma irregular" el reparto de dividendos de sus filiales y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones "con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica", que se alteró "en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección".
Su finalidad, prosigue, "era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado" de CAM y "poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad".
Entre las operaciones ejecutadas para manipular las cuentas, el instructor cita que la caja dio de baja las provisiones relativas a créditos titulizados de deuda "de muy baja calidad" y "contabilizó de forma incorrecta un contrato de permuta financiera -SWAP-, ocultando la existencia de opciones de compra" incluso al auditor.
Además, los balances mensuales, trimestrales y semestrales de 2011 ocultaron la "situación crítica" de CAM y dieron una imagen "distorsionada", de forma que reflejaron como unos beneficios de 65 millones lo que en realidad eran unas pérdidas de 1.136 millones.
Tras remitir estos estados financieros al Banco de España y la CNMV, "agravaron la situación de insolvencia" y "perjudicaron a inversores", demorando "la adopción de las medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos", resume.
Los imputados escondieron a la consultora externa Towers Watson -a la que habían contratado para cuantificar el coste de las prejubilaciones derivadas de su integración en el SIP-, que seis miembros de su comité de dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla, con lo que se dejó de dotar 15,5 millones de euros en el resultado de 2010, según la fuente.
Al año siguiente, se volvió a ocultar ese coste, pero con "la argucia" de hacer la dotación contra un fondo establecido en 2005, añade.
Tras el fracaso del SIP, se tuvo que ampliar el expediente de regulación de empleo, sin que se dotaran 50,19 millones de euros que debían aparecer en las cuentas formuladas en junio de 2011, según la fuente.
De acuerdo con las investigaciones periciales, Gómez Bermúdez subraya que los miembros del comité de dirección cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.
En este sentido, relata que fueron variando sucesivamente "en su propio beneficio" y a espaldas del Consejo la "prestación adicional" contratada con Caser en 2007 a la pensión de jubilación pública que recibirían cuando se retiraran.
Consecuencia de ello es que, según la fuente, el comité de dirección "se aseguró una prestación adicional para el momento de la jubilación que tuviera como referencia el nivel salarial de 2010, ejercicio con unas cuentas de resultados alteradas y artificialmente infladas, con un perjuicio bruto para la CAM de 2.145.987 euros".
Dado que la paga de beneficios, las aportaciones a los planes de pensiones y la retribución variable y el bono extraordinario a largo plazo dependían de los resultados obtenidos, "los imputados obtuvieran beneficio económico a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente la situación real de la entidad", concluye.
