El exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP Francisco Granados se enfrenta este martes a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel por el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión, en el que será el primer juicio del caso Púnica que celebra la Audiencia Nacional. Los mismos años pide para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, responsable de dar el soplo, y para su amigo José Manuel Caro, guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid. A todos ellos les acusa de un delito de violación de secretos.
Fue en septiembre de 2014 cuando Talamino, que formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, alertó a Granados sobre la instalación de una cámara de vigilancia frente al edificio donde el presunto 'conseguidor' de la Púnica, David Marjaliza, "dirigía sus corruptos negocios", en la localidad madrileña de Pinto. Lo hizo porque conocía la relación que unía a Marjaliza con Granados y constándole que su amigo Caro desempeñaba cargos de confianza en la Comunidad de Madrid "promocionado" por el exdirigente popular. Por ello, "decidió hacerles un favor facilitándoles información confidencial". Este acusado, sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, "desveló la información a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva (...) quebrantando reiteradamente el deber de sigilo".
Tras recibir el soplo, Granados "desplegó una serie de actuaciones dirigidas a comprobar el grado de veracidad de la fuente", adoptó "medidas encaminadas a poner a buen recaudo su patrimonio de origen ilícito" y escondió el dinero en efectivo no declarado en casas de amigos y familiares, entre ellos sus suegros, de los que se valió para ocultar un millón de euros en un altillo de una habitación.
Aprovechó también Granados para alertar a Marjaliza de que ambos estaban siendo investigados y éste destruyó toda la documentación incriminatoria que acumulaba en sus empresas, escondió dinero en efectivo "con el que retribuía a alcaldes" y ocultó documentos que demostraban la existencia de fondos en el extranjero, lo que dificultó la recuperación de activos.
"Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", llegó a decir Marjaliza ante el juez en una confesión que se alargó 13 horas y que motivó su salida de la cárcel año y medio antes que su exsocio.
El chivatazo de Talamino, apunta la Fiscalía, "entorpeció gravemente el curso de la investigación" a la trama que presuntamente lideró el exdirigente popular, quien permaneció dos años y medio en prisión.
Fue precisamente el señalamiento de este juicio uno de los motivos que esgrimió el anterior juez instructor de la Púnica, Eloy Velasco, para decretar la libertad de Granados el pasado 14 de junio, al argumentar que así podría acudir "en otras condiciones" al juicio y preparar mejor su defensa.
Aparte de esos 3 años que pide para él Anticorrupción, Granados también se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) -que consiguió la declaración testifical de Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel-, que ejerce de acusación popular en esta causa y que solicita para los otros dos acusados los mismos años que el ministerio público.
Será la sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Concepción Espejel -que fue apartada del juicio de Gürtel por su aparente afinidad ideológica al PP- la que les enjuicie durante los próximos 14, 15 y 16 de noviembre.
