Granados aporta facturas para tratar de acreditar la financiación ilegal del PP

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha aportado hoy al juez del caso Púnica unas facturas de la Consejería de Justicia cuando la presidía Alfredo Prada (2003-2008) que, según ha dicho, podrían ser falsas y haber servido para pagar gastos electorales del PP.

Según han relatado a Efe fuentes presentes en su declaración, Granados ha declarado al juez que ha encontrado las facturas en su casa y les ha dado ahora importancia porque le extrañan los conceptos que recogen, y que cree que con ese dinero se pagaron gastos de publicidad electoral.

Granados, que sustituyó a Prada al frente de la consejería de Justicia, ha comparecido por tercera vez a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y ha aportado por primera vez documentación, cuando en su declaración del 12 de febrero dijo que no la tenía: "Yo entro y salgo de los sitios con lo puesto", aseguró a los periodistas. Su casa fue registrada por la Guardia Civil en 2014.

Las facturas que ha entregado se corresponden a convenios firmados entre la Consejería de Justicia y la asociación GINSO, dedicada a la reinserción de menores y que gestionaba centros de la Comunidad, para elaborar estudios sobre menores y delincuencia. En concreto, se trata de estudios que luego GINSO encargó a una empresa del expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo y del periodista fallecido de este canal Germán Yanke, cuando, según ha sostenido hoy Granados, ninguno de los dos tenía conocimientos sobre esa materia. Por eso, ha explicado que a su juicio los conceptos de las facturas serían falsos y habrían servido para encubrir gastos de campaña, han indicado las fuentes.

En la línea de sus anteriores declaraciones, ha sostenido que en la Comunidad de Madrid no se hacía nada sin la supervisión de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Aguirre, ha dicho, no tenía una buena relación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que ha insistido en que de lo que ocurría en el PP de Madrid no se enteraba el partido a nivel nacional.

Durante la declaración, el abogado de Granados, Javier Vasallo, se ha quejado ante el juez de un informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil en el que se refleja que su defendido tenía el cargo de consejero cuando ya no lo ostentaba.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

El exconsejero, que estuvo en prisión dos años y medio por Púnica, ha hecho unas breves declaraciones a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional, afirmando que está dispuesto a "aclarar hasta las últimas consecuencias lo que se ha venido a mal llamar, la trama Púnica".

Ha aportado hoy los documentos después de que el pasado martes negara en el Congreso haber visto cuentas en B en el PP ni tampoco "sobres" de dinero negro.

En su primera declaración del 12 de febrero, afirmó juez que había una campaña electoral "paralela" para financiar gastos de Aguirre, que era "ajena al Partido Popular, desde luego al nacional, porque el nacional aquí no pintaba nada, y ajena al PP de Madrid desde el punto de vista contable".

Granados tenía otra citación judicial esta semana, concretamente el pasado lunes, cuando un juzgado de Madrid le había emplazado por la querella que Cifuentes presentó contra él por injurias y calumnias a raíz de lo que el exconsejero dijo al juez de la Audiencia Nacional en su primera declaración. Ese día, definió a Cifuentes como "la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido, del señor González".

Sin embargo, Granados no asistió al juzgado madrileño porque dijo que no había recibido la citación y el martes un secretario judicial se la entregó en mano a las puertas del Congreso para el próximo 21 de marzo.

Además, el exconsejero no ha acabado hoy de declarar y tendrá que volver a acudir a la Audiencia Nacional, cosa que no ocurrirá hasta después de semana santa en un día aún por concretar.