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Después de que la juez Mercedes Alaya diera ayer un ultimatum de 72 horas a la Junta de Andalucía para que le entregue todas las actas del Consejo de Gobierno, hoy el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán vuelve a desafiar a la juez. Griñan ha declinado precisar cuándo se va a ejecutar este requerimiento judicial. "Cuando toque se las daremos", ha apuntado.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar la XXVI edición de la feria hortofrutícola Expo-Agro Almería en Roquetas de Mar, Griñán ha asegurado que no se va a pronunciar sobre el contenido del citado auto, ya que "lo que está en los juzgados tienen trámites judiciales y no políticos" y ha destacado que no corresponde realizar ninguna "consideración política" acerca de los expresado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

No obstante, en alusión al hecho de que la jueza Mercedes Alaya justificase la medida cautelar en que evitar que hipotéticamente pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción, ha afirmado que se fía "plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas naturalmente". "Yo sí tengo esa confianza en la Justicia y sé que nadie va a abrir las actas", ha aseverado

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, emitió este martes un auto en el que concede al Ejecutivo autonómico un plazo de tres días al objeto de que, como medida cautelar, le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento.

La magistrada ha tomado esta decisión cautelar antes de decidir si envía al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas.

Mercedes Alaya advirtió a la Junta de que si no entrega copia compulsada o testimonio de las actas en 72 horas cometería un delito de desobediencia, a lo que el Gobierno autonómico respondió que está dispuesto a cumplir con el nuevo requerimiento y que mañana lo hará efectivo.

La jueza quiere conocer si los consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes de regulación irregulares.

En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de los que 111 los define como "discordancias administrativas" y 72 intrusos o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, lo que ha evaluado en una cifra superior a los 9 millones de euros.

Rajoy pide un cambio "urgente" en la Junta de Andalucía tras la polémica de los ERE

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reclamado este miércoles un cambio "urgente" al frente de la Junta de Andalucía tras las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos destinados a financiar pólizas de trabajadores de empresas donde ha habido expedientes de regulación de empleo (ERE).

"Después de 30 años de gobierno de un mismo color, hubo gente que pensó que aquello era suyo y podía usar el dinero del contribuyente a su antojo", ha lamentado en rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña.

Por ello, el líder de los 'populares' ha recetado un cambio "saludable" al frente de la Junta de Andalucía tras más de 30 años de socialismo, un relevo que ha reclamado también para el Gobierno central.

El líder de la oposición ha reivindicado la honestidad de los andaluces y ha pedido que estos casos no empañen la imagen de los ocho millones de andaluces que trabajan e intentan ganarse la vida dignamente.

"Todo eso que estamos viendo es algo que han hecho algunos políticos irresponsables, pero eso no tiene nada que ver con Andalucía", ha zanjado Rajoy.