Griñán rechaza la comisión de investigación sobre los ERE para no ser "altavoz de los intereses partidistas"

La Junta, presidida por Manuel Chaves, aceptó que limpiadoras y oficinistas trabajaban en la mina de Riotinto cuando realmente estaba cerrada. Tanto unos como otros fueron jubilados finalmente como mineros. Ante las nuevas irregularidades detectadas, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha rechazado la creación de una comisión parlamentaria que investigue los Eres irregulares. Es la sexta ocasión en que el PSOE andaluz se niega a una investigación parlamentaria.

Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta oral realizada por el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, Griñán ha asegurado que "ya hay quienes han decidido las conclusiones" de esta comisión de investigación y ha subrayado que "la investigación más seria y más garantista es la que se producirá en los tribunales".

El dirigente andaluz despeja de esta forma la demanda del PP e IU de constituir en la Cámara autonómica una comisión de investigación que se debatirá hoy en el pleno.

Antes del rechazo a la comisión, el portavoz de IU, Diego Valderas, le ha exigido que depure responsabilidades políticas por este caso y que acceda a esta investigación para que el Parlamento "cumpla con su función.

Según Valderas, Griñán está "cercado por las irregularidades que hacen saltar la costura del traje de su solvencia".

El presidente ha insistido una y otra vez en que la "mejor" investigación es la de la justicia y que la Junta seguirá colaborando con el juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el origen de los ERE irregulares, el denominado caso Mercasevilla.

"Colaboración activa con la justicia y depuración de responsabilidad, eso lo que está haciendo la Junta que no hacen todos los gobiernos", ha asegurado el presidente.

Por su parte, el portavoz del PP-A, Antonio Sanz, ha apuntado a la "responsabilidad política" del expresidente andaluz Manuel Chaves, del actual, José Antonio Griñán y del exconsejero Gaspar Zarrías.

"Nadie se cree que los procedimientos se hayan realizado sin aval político de estos dirigentes", ha advertido Sanz, que ha calificado el caso como el de "mayor escándalo" político, económico y social de la comunidad.

"Mientras el Gobierno congela reduce pensiones y salarios aquí se conceden pensiones ilegales a amigos y ex altos cargos y familiares que ahora llaman a cuatro golfos que se lo llevan calentito", ha indicado.

Según el dirigente popular, se trata de una "trama, del saqueo de dinero público de los parados con responsabilidad de los gobernantes andaluces".

Diego Valderas, portavoz de IU, ha apuntado directamente a la responsabilidad política de los exconsejeros de Empleo, cuya gestión está "salpicada por acción u omisión"

"Alguien ha metido la mano, la pata y hay responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas, y la obligación es esclarecer la manos manchadas con el dinero público", ha pedido además de solicitar a la Junta "limpiar la era de mangantes".

DE OFICINISTAS A MINEROS

La Junta, presidida por Manuel Chaves, aceptó que limpiadoras y oficinistas trabajaban en la mina de Riotinto cuando realmente estaba cerrada. Tanto unos como otros fueron jubilados finalmente como mineros. Así lo revela el Diario ABC. En los años más boyantes de las Minas de Riotinto llegaron a trabajar en las galerías subterráneas un máximo de 100 mineros en distintos turnos. 400 aparecen en el ERE firmado en 2003 entre la Consejería de Empleo de Andalucía y los sindicatos.

Convirtieron en profesionales de riesgo a todos los trabajadores con el fin de incrementar sus prejubilaciones. Desde el capataz de planta, el personal de oficina y las empleadas de la limpieza e incluso aparece como minero un miembro del comité de empresa.

Lo más soprendente es que la galería subterránea llevaba cerrada desde 1987. Unas vidas laborales que los propietarios de las Minas se negaron a firmar por ser fraudulentas, pese a las presiones de la Junta.