La Guardia Civil registra hoy el despacho del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, en la sede de la entidad soberanista en Barcelona, en busca de correos electrónicos que habría intercambiado con miembros del Govern cesado.
Según han informado fuentes jurídicas, agentes de la Guardia Civil están registrando desde primera hora de esta mañana las sedes de las entidades independentistas ANC y Òmnium, por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el marco de la pieza secreta que abrió la semana pasada dentro de la causa que investiga por rebelión.
Los guardias civiles han acudido a las sedes de las entidades independentistas, con requerimientos de información ordenados por el juez Llarena, y están inspeccionando los ordenadores del despacho de Sànchez para seguir el rastro de su correo electrónico mientras presidió la ANC.
El registro del despacho de Sànchez lo están practicando dos agentes, vestidos de paisano, en presencia del abogado del exlíder de la ANC, Jordi Pina, que ha acudido esta mañana a la sede de la entidad independentista para asistir a esa diligencia.
Varios agentes han entrado también esta mañana, con orden judicial, en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que centraliza la gestión del sistema informático de la administración catalana, incluidas las cuentas de correo oficiales y comunicaciones.
Llarena acordó la semana pasada abrir una pieza secreta, dentro de la investigación que tiene abierta por un delito de rebelión contra los miembros del Govern cesado, de la Mesa del Parlament y los líderes de las entidades soberanistas, por promover y organizar un proceso unilateral hacia la independencia.
Según apuntan algunas partes personadas en la causa, la diligencia ordenada hoy por Llarena podría tener como objetivo investigar la financiación de las entidades independentistas, concretamente si éstas han recibido dinero público de la Generalitat que podrían haber usado para financiar el referéndum del 1-O.
En este sentido, cabe recordar que VOX, que ejerce la acusación popular en la causa del Supremo, ya denunció ante el Servicio de Banca y Capitales del Banco de España (SEPBLAC) sospechas sobre posibles irregularidades en el origen y el destino de los fondos recibidos por ambas organizaciones para su financiación.
