La Guardia Civil sitúa a Rovira y Junqueras en el núcleo duro de la logística del 1-O

La Guardia Civil ha situado en un nuevo informe remitido al Tribunal Supremo a los dirigentes de ERC Marta Rovira y Oriol Junqueras en el núcleo duro de la logística del referéndum del 1 de octubre, con Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia y de la Consellería de Economía y Hacienda, como "cerebro" a las órdenes de los dos primeros.

En un informe de 172 páginas de 31 de enero remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil analiza las llamadas intervenidas para concluir que Jové "fue el cerebro de la logística del referéndum, pero recibiendo órdenes y despachando asuntos directamente con Marta Rovira y Oriol Junqueras".

Para ello, añade el Instituto Armado, contaron con la colaboración directa de Francesc Sutrias y Natalia Garriga, en ambos casos altos cargos detenidos en la operación del 20 de septiembre por su papel dentro del Departamento de Vicepresidencia que encabezaba Oriol Junqueras.

La Guardia Civil analiza la agenda Moleskine intervenida a Jové y las llamadas telefónicas para defender que, a nivel político, "los tres responsables máximos de organizar el referéndum fueron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raúl Romeva". También insiste en el papel clave de los presidentes de la ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por ser "los encargados de agitar los movimientos sociales".

JOVE: DE LAS PAPELETAS A LOS COLEGIOS

Jové y Sutrias fueron quienes contactaron con Pau Furriol, abogado y miembro de ERC, "para gestionar una nave en Bigues i Riells" en la que el 20 de septiembre se incautó cerca de diez millones de papeletas del 1-O y numeroso material electoral. Aquella actuación desencadenó una protesta con personas vinculadas a ERC o ANC, "lo que pone de manifiesto la relación de ambas entidades en la logística del referéndum".

Como cerebro del 1-O, Jové también gestionó los locales que servirían de colegios electorales "y lo hizo", según la Guardia Civil, "directamente con Antoni Comín", exconsejero de Sanidad fugado con Puigdemont en Bruselas. Se cita a otros altos cargos y se sostiene que de estas gestiones tenía conocimiento "inmediatamente" a Oriol Junqueras, Marta Rovira y Jordi Turull.

La Guardia Civil recuerda que el 6 de septiembre de 2017 Jové mantuvo una conversación con Elsa Artadi, la hoy portavoz de Junts per Catalunya, para saber con qué fecha se publicaría el decreto de convocatoria del referéndum, ya que él era el encargado de enviar cartas a todos los alcaldes para conocer la disponibilidad de locales para la votación. "Fue Jové quien se encargó de las respuestas de los ayuntamientos", indica el Instituto Armado.

LOS MOSSOS TENIAN UNA CLARA ORIENTACIÓN HACIA LA CAUSA SECESIONISTA

La Guardia Civil destaca que a lo largo del procés los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo "hechos significativos y sorprendentes" que de forma aislada podrían ser anecdóticos, pero que sumados "denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista".

En un informe remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil señala que la cúpula independentista estaba convencida de que "la Policía Autonómica obedecería a las leyes del Gobierno catalán y que se debían a este gobierno antes que al juez o a España".

Dice el texto que "la actitud observada por parte de los Mossos durante toda la investigación policial y las actuaciones llevadas a cabo pusieron de manifiesto hechos significativos y sorprendentes", teniendo en cuenta que "se trata de un cuerpo policial que cuenta entre sus principios de actuación el de la defensa de la Constitución el Estatuto y el ordenamiento jurídico"."Hechos que analizados de forma aislada podrían ser anecdóticos pero que sumados y analizados en su conjunto denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista", añade el informe.

Igualmente, la Guardia Civil señala al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero al asegurar que "proporcionaba apoyo a individuos imputados en unas diligencias judiciales y con intención de apoyar una investigación judicial sino más bien para dar apoyo a los investigados".

Desde el primer momento, añade, se opuso al nombramiento de Diego Pérez de los Cobos como encargado de la coordinación policial del 1-O asegurando que la seguridad ciudadana era una competencia de la policía autonómica.

Una de las llamadas significativas que indican que "los Mossos o más bien los jefes políticos y policiales del mismo están totalmente involucrados en el proceso separatista" tuvo como interlocutores a Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, y al director de la policía autonómica, Pere Soler el pasado 29 de septiembre. Sutrias le dice que "necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa" y Soler le responde que "habían aumentado la contravigilancia a los que han estado más expuestos". En este punto vuelve a relucir el nombre de Trapero al afirmar que las ordenes para el cumplimiento de los requerimientos de Sutrias a Soler se transmitieron a través del exmayor de los Mossos.

Para la Guardia Civil, "parece meridiano que la Generalitat utiliza a su propia policía autonómica más para funciones de seguridad y protección de sus miembros, aun cuando estos realizan acciones que pueden infringir la ley que para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales".

En otro punto, el texto explica que "siguiendo esta línea de brindar a los miembros del Govern", se registró una conversación entre un policía y Natalia Garriga Ibañez, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia, detenida por su supuesta participación en la organización del referéndum. La agente le explica que tiene "vía libre" para hacer servicio con ella en los tres turnos de trabajo, en patrullas no logotipadas y sin uniforme para que vigilasen su domicilio. Además le indica que quería hablar con ella para darle "cuatro consejos para temas de medios técnicos" y para conocer su rutina.