Guilarte dice que la amnistía es una "transacción política": "Es la contrapartida por la investidura"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, defiende que se abstuvo el pasado jueves en la votación sobre los dos informes que el Pleno tenía sobre la mesa relativos a la proposición de ley de la amnistía por el "evidente componente político" de la norma, que tacha de "transacción política" y de "contrapartida" por "la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts".

Así lo explica en un documento de nueve folios, recogido por Europa Press, en el que justifica su voto en blanco al considerar que era "prudente mantener cierta neutralidad" ante una proposición de ley que, a su juicio, se utiliza como un "como instrumento de actividad política" toda vez que entiende que "su aprobación es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del presidente de Gobierno".

Guilarte insiste en que "no existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones en las que se han acordado medidas de gracia similares, donde la amnistía se haya insertado en una transacción sinalagmática, con prestaciones mutuas".

Para el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, la proposición de ley aprobada en el Congreso "tiene una causa relativamente simulada en los términos en los que la describe la exposición de motivos". A su entender, la norma no tiene como finalidad propiciar la "pacificación política y convivencial de Cataluña" --que "nunca fue esbozada previamente en el programa electoral" del PSOE--, sino una mera "transacción política".

"INCUESTIONABLE REALIDAD"

Guilarte hace un repaso de los argumentos esbozados por los dos vocales ponentes de los informes que se sometieron a votación: el del vocal del ala conservadora Wenceslao Olea --que recabó nueve votos y veía inconstitucional la ley-- y el de la vocal del sector progresista Mar Cabrejas --que contó con cinco apoyos y defendía que tenía cabida en la Carta Magna--.

Asegura que si el informe sobre la ley de amnistía "se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe pues cuanto se trata a propósito de estas cuestiones obedece a una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo". "La polaridad que nos acosa lo ha impedido", sostiene.

Al margen, subraya que ninguno de los dos informes analizados por el Pleno aborda "la incuestionable realidad del precedente que causaliza la existencia de la ley de amnistía". E incide en que lo que se debería analizar es "si resulta posible utilizar el excepcional instrumento constituido por la amnistía cambio de obtener los votos necesarios para lograr la investidura del presidente del Gobierno".

"Ninguna duda existe en orden a considerar la aislada licitud del pacto 5 que propicia la investidura de Pedro Sánchez pero las dudas surgen a la hora de determinar la legalidad de la prestación asumida en correlación con ella por el PSOE. Es en este punto donde debiera a mi juicio centrarse el debate", subraya.

LA AMNISTIA NO PUEDE SER "MONEDA DE CAMBIO"

Así las cosas, defiende que --de acuerdo a las "pautas civiles"-- la amnistía "no puede arbitrarse a cambio de contraprestación onerosa alguna, pues eso desvirtúa radicalmente su causa pasando, en terminología civil, de la gratuidad a una onerosidad que desdibuja su esencial naturaleza como medida de gracia".

"Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de precio de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa", incide.

Con ello, sostiene que "el previo pacto 'político' alcanzado" entre el PSOE y Junts que dio lugar a la amnistía no superaría los criterios de validez y licitud exigidos por el artículo 1276 del Código Civil.

Según insiste, la amnistía no puede ser "moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria". "Habrá que preguntarse, y no soy capaz de dar respuesta adecuada, si desde una perspectiva constitucional la extinción de la acción penal puede ser prestación correlativa a la obtención de una importante contrapartida política", apunta.

"MI VOTO EN BLANCO"

Con todo, asegura que con su voto en blanco ha "pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral". "Pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos. Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos", señala.

Aunque el texto del presidente interino no es propiamente un voto particular sino una "explicación de voto", fuentes del CGPJ precisan a Europa Press que sí se remitirá al Senado como parte del expediente que incluye el informe aprobado --en el que se avisa de que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad y de separación de poderes-- y los dos votos particulares redactados.

En el marco de su escrito, aprovecha e insiste en "alentar la imprescindible renovación del CGPJ".