De Guindos dice que la ley de Segunda Oportunidad evitará errores del pasado

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que la ley de Segunda Oportunidad, que se debate en el Congreso para su convalidación, es una norma más de la lista de actuaciones que el Gobierno lleva a cabo para que "los errores del pasado no se vuelvan a reproducir". En su comparecencia, De Guindos ha precisado que estas medidas ayudarán a superar la crisis, "la más larga, profunda, compleja y dolorosa" de la historia reciente de España.

De Guindos ha dicho que la norma tiene un "triple impacto" y aquí ha señalado que incide en el saneamiento de la economía, ofrece una segunda oportunidad a empresas y ciudadanos lastrados por sus deudas y amplía la protección social a los colectivos más vulnerables.

Ha asegurado que esta norma no sería posible si la economía española no estuviese en su séptimo trimestre de crecimiento económico consecutivo y en su sexto de creación de empleo. El ministro ha relatado como el Ejecutivo ha saneado los bancos, ha mejorado la supervisión bancaria y establecido un nuevo marco de institucional de resolución y, además, se ha creado un nuevo marco de insolvencia.

LA OPOSICIÓN CREE QUE A QUIEN SE DA LA SEGUNDA OPORTUNIDAD ES A LA BANCA

Los grupos parlamentarios de la oposición, prácticamente en bloque, han coincidido en considerar que la nueva ley de Segunda Oportunidad, que se debate en el Congreso, a quien da "una segunda oportunidad" es a la banca pero, además, han compartido que es socialmente injusta y va contra las personas.

En sus intervenciones, los grupos han criticado que se lleve a la Cámara un decreto tan amplio (afecta a 11 materias distintas de 4 ministerios) y han recordado que no sólo se debate la Segunda Oportunidad, también medidas para la reducción de la carga financiera y otras de orden social, como las bonificaciones a la contratación indefinida.

No obstante, el grupo socialista ha sido el único que ha anunciado que se abstendrá en la votación con la esperanza de que si se tramita como proyecto de ley se puedan introducir enmiendas. El portavoz socialista de la Comisión de Hacienda, Manuel de la Rocha, ha negado que la ley exonere las deudas, como asegura el Gobierno, y ha dicho que los créditos pueden resucitar si en 5 años el beneficiario mejora la situación.

El portavoz socialista de la Comisión de Economía, Javier Moscoso, que también ha intervenido en el debate, ha afirmado que el real decreto demuestra "desorientación económica e insensibilidad social". Además, ha dicho que las medias sociales incluidas, como las bonificaciones a la contratación indefinida son costosas e ineficientes, y no crean empleo.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al Gobierno que adapte el decreto a la realidad dado que es "excesivamente rígido, técnico y burocrático", y conviene "airearlo". Sánchez Libre ha exigido que el decreto "pise la calle" y se dote de contenidos sociales pero también ha exigido al Ejecutivo que "se ponga en la piel de las personas de buena fe" que se han arruinado en el ejercicio de su trabajo o que han perdido su vivienda.

Por Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha considerado "una degradación" que se obligue a votar un decreto tan amplio en una sola dirección. "Izquierda Plural no será cómplice de esta degradación democrática" ha dicho Coscubiela, que también ha criticado la no asistencia al debate de los ministros Cristóbal Montoro y Fátima Báñez, que sí han firmado el real decreto.

Coscubiela ha asegurado que el decreto tiene más de propaganda electoral que de política legislativa y ha lamentado que el Consejo de Ministros se haya convertido en "una empresa de marketing político".

La portavoz del BNG Olaya Fernández ha hecho hincapié en que el Gobierno legisla contra las personas, algo que ha compartido la portavoz de ERC Teresa Jordá que ha dicho a los responsables de la norma que parece que en la escuela, "nadie les ha enseñado justicia social".

En el mismo sentido se ha expresado el diputado de Amaiur Rafael Larreina mientras que el del PNV, Pedro Azpiazu, ha asegurado que las normas recogidas en el decreto invaden, en muchos casos, temas competenciales. Para Carlos Martínez Gorriarán, el decreto es un "timo", con medidas cicateras e insuficientes.

Por contra, el portavoz económico del PP, Vicente Martinez Pujalte, se ha mostrado convencido de que es un decreto ley "muy bueno" para mejorar la situación económica y la calidad de vida de las familias españolas.