El juicio del caso Gürtel terminará este viernes con las últimas palabras de Correa

La Audiencia Nacional dejará este viernes visto para sentencia tras más de un año el juicio del caso Gürtel, entre cuyos 37 acusados se encuentra el extesorero del PP Luis Bárcenas, con las últimas palabras del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

El tribunal ha ordenado que Correa, que se enfrenta a la mayor petición de pena por parte de la fiscalía de entre todos los acusados, 125 años de prisión, sea trasladado desde el centro penitenciario de Valdemoro hasta la sede de la Audiencia Nacional en la localidad de San Fernando de Henares para que pueda acogerse a su derecho a la última palabra.

Este viernes terminará así el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que se ha celebrado durante más de un año y un mes -comenzó el 4 de octubre de 2016- a lo largo de 125 jornadas.

Se ha convertido en uno de los juicios más largos de la historia judicial española, solo superado por el del caso Malaya, que llevó al banquillo a la trama corrupta en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) liderada por el exalcalde Julián Muñoz.

La fiscalía pidió 125 años de prisión para Correa, 85 para el presunto número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, 39 para Luis Bárcenas y para el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y 50 y 15, respectivamente, para los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

Igualmente reclamó al Partido Popular (PP) y a la exministra de Sanidad Ana Mato, exesposa de Jesús Sepúlveda, 328.440 y 28.468 euros, respectivamente, como presuntos partícipes a título lucrativo, cuyos abogados han informado hoy.

El letrado Jesús Santos ha pedido que el tribunal exima de responsabilidad civil al PP al estimar que no se ha acreditado en "qué actos electorales, en qué trabajos y en qué servicios, ni cuándo, ni quiénes" del PP se beneficiaron con fondos de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

Según ha alegado Jesús Santos el PP no tenía conocimiento de que se estuviera beneficiando de un enriquecimiento ilícito y en todo caso serían "actos a escondidas y al margen" del partido. Ha añadido que además el PP no ha recibido reclamación alguna de los posibles perjudicados, en este caso los referidos ayuntamientos.

Jesús Santos ha estimado que el hecho de que el PP se opusiera como la fiscalía a que testificara en el juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que finalmente compareció, no significa que se adhiriera al criterio de las fiscales de que ya había prueba suficiente del beneficio a título lucrativo del PP.

Mariano Rajoy testificó en el juicio al prosperar la petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Santos ha considerado que en este juicio "ADADE ha dejado en un segundo plano la búsqueda de la verdad" y ha lamentado "su papel de intencionalidad política".

Ha recordado que ADADE incluso pretendió someter a Mariano Rajoy a un careo con un acusado en el juicio, "lo que demuestra que su intención era el desgaste político del PP".

Jesús Santos ha coincidido con el abogado del Estado en que "la corrupción es un cáncer para la democracia que destruye los cimientos del Estado y de la sociedad y que se debe luchar con determinación para erradicarla".

También ha valorado la labor de los funcionarios de la Agencia Tributaria y de los policías nacionales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aunque ha lamentado que en algún caso de esos últimos se hayan olvidado del mandato legal de no solo recoger "lo adverso" sino también las "circunstancias favorables" al investigado.

Santos, que fue fiscal de la Audiencia Nacional, ha discrepado de la petición de la fiscalía de una sentencia ejemplar, a su juicio más propio de un "Código de la antigüedad", y ha recordado que "la justicia no se debe aplicar con pasión, amor y odio sino con ponderación de las pruebas y con criterio racional".

La abogada de Ana Mato ha pedido igualmente que se exima de responsabilidad civil a la exministra, a quien la fiscalía reclama 28.468 euros, porque no se lucró con dinero de la trama.

El exdiputado del PP Jesús Merino, uno de los tres acusados que han hecho hoy uso de su derecho a la última palabra, ha comentado que debió quedar eximido del proceso al igual que el exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos y el exeurodiputado del PP Gerardo Galeote por hechos "similares".