La plataforma HazteOir ha denunciado que la aplicación del actual proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación podría generar "absurdos" como que la Iglesia católica "tenga que ordenar mujeres sacerdotes", conforme recoge el informe que la organización ha elaborado sobre el articulado de esta iniciativa legislativa que el pasado viernes fue remitida al Parlamento por el Consejo de Ministros. Según han explicado en rueda de prensa el presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga; la magistrada de Primera Instancia de Madrid Teresa Fernández de Córdoba y el portavoz de la plataforma Chequeescolar.org, José Castro, el proyecto normativo "quiere imponer el concepto de igualdad que tiene el Gobierno a todos los ámbitos de la sociedad" y eso "puede generar disparates".
En concreto, el informe asegura que la regulación prevista de la igualdad de trato en el empleo "es un misil lanzado directamente contra la Iglesia católica" porque la aplicación del artículo 12 "podría obligar a la Iglesia a aceptar sacerdotisas, sacerdotes casados, sacerdotes homosexuales 'casados', obispos lesbianas etcétera". No obstante, Fernández de Córdoba ha señalado que "el Concordato" hace que la Iglesia "esté bien protegida" frente a esto.
Una de las principales denuncias de la organización se refiere a la previsión normativa por la que podrían retirarse los conciertos educativos a los centros de educación diferenciada. Para Castro, "confisca" los derechos de los padres a elegir esta opción educativa y de los colegios a impartirla porque pone trabas a su implantación con "la amenaza de recurrir al arma de la financiación".
Además, "atenta contra la Constitución" y con las normas y tratados internacionales que, por un lado, reconocen que "los padres son los titulares del derecho" a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y, por otro, establecen que la escolarización diferenciada "no puede ser considerada discriminación". "Si --este modelo educativo-- no es discriminatorio, no debería ser objeto de esta ley", ha asegurado.
RELIGION Y CREENCIAS, "AL MISMO NIVEL"
Por otra parte, en cuanto a la discriminación "por religión o creencias" que contempla el proyecto, Fernández de Castro ha criticado que ambas esferas se hayan puesto al mismo nivel, porque en su opinión, supone equiparar la religión "con casi cualquier pensamiento", lo que puede derivar en "aberraciones".
La organización también se ha pronunciado sobre la inversión de la carga de la prueba en favor de quien denuncie discriminación, lo que según HazteOir, crea "indefensión de la ciudadanía" y, particularmente, entre el empresariado, porque "se dan facultades policiales a los sindicatos" para denunciar la discriminación mientras que los empresarios "serán responsables de los delitos cuando los cometan sus empleados".
En esta línea, HazteOir considera que la norma daña "seriamente" el derecho de propiedad porque "los propietarios de locales de negocio o viviendas tendrán que demostrar que su negativa a alquilarlos o venderlos a una determinada persona no responde a discriminación alguna".
"En el proyecto desaparece la presunción de inocencia", denuncia la organización, que define la norma como "una ley amenazante y preventiva, agresiva, una ley 'gran hermano' que trata de regular hasta el detalle la vida pública; es liberticida, reinstaura el delito de opinión, es uniformista, está basada en la presunción de culpabilidad y es ineficiente", asegura HazteOir en su informe.
