El diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia de Cataluña, Francesc Homs, ha advertido hoy a los magistrados del Tribunal Supremo que le han juzgado por la consulta independentista del 9N de 2014 que su sentencia tendrá "efectos que marcarán las relaciones del Estado español y Cataluña". Francesc Homs ha hechos estas afirmaciones en su turno de usar la última palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que el fiscal ha pedido para él nueve años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 mientras que su defensa ha solicitado su absolución.
Tras declararse inocente ha dicho que en todo caso la sentencia no va a modificar su conducta de "promover el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña" y ha mostrado su convencimiento de que se convertirá este año en la celebración de un referéndum y ha añadido: "Si poner las urnas en proceso participativo es un pulso al Estado yo no quiero ser de este Estado". Homs ha reconocido que él realizó los hechos que le atribuye el fiscal Jaime Moreno e incluso "otros muchos" que hizo pero ha discrepado con él respecto a considerar que constituyeran dichos delitos.
"Si poner las urnas en un proceso participativo supone un pulso al
Estado yo no quiero ser de este Estado", la ha dicho al fiscal en contestación a su informe ante la Sala. Además, ha pedido "justicia e igualdad de trato porque no es admisible que se acuse de haber obrado sin tener competencias -la Generalitat- y que de ahí se infieran delitos muy graves y cuando esto pasa con el Gobierno de España ni siquiera se abre una investigación".
Por otra parte ha recordado que "el Parlament de Cataluña solo ha estado abierto y ha aprobado leyes cuando ha habido democracia pero en las Cortes de España se han dictado leyes también en periodos en los que no había democracia". Ha aclarado que no lo decía como un reproche hacia nadie sino para subrayar el compromiso del Parlament catalán con la democracia "que solo se entiende a través de la ley".
Asimismo ha reclamado a la Sala que atendiera la jurisprudencia de una sentencia de 2003 que reconoció que la existencia de la Generalitat tiene su arraigo en el siglo XIV "con voluntad de autogobierno". Ha añadido que dicha resolución estableció que la Generalitat tiene la representación y la legitimidad para defender la dignidad del pueblo de Cataluña",
En este marco ha asegurado que con el 9N lo que se hizo fue "procurar uno derechos fundamentales en defensa de la dignidad y expresión del pueblo catalán en las urnas", así como "la voluntad de poder decidir y disponer por él mismo de un Estado propio e independiente". Para Homs "en este juicio se confunden y se mezclan derecho y política" y ha insistido en que la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014 que suspendió el 9N fue "una decisión política".
Homs se ha dirigido a los siete magistrados que le han juzgado: "Tendrán que obrar solo conforme a derecho, lo que es un reto altísimo, ya que lo que decidan generará jurisprudencia y un precedente". Ha recordado que en los últimos años se ha conocido la respuesta política a la voluntad del pueblo de Cataluña de decidir su futuro por parte del Gobierno de España y "ha sido no", y también la del Tribunal Constitucional "que alteró el voto de la población de Cataluña del Estatuto en 2006". Homs ha mantenido que este juicio "es un error inmenso del Estado" pero va a permitir ahora tener una respuesta penal a la reivindicación persistente del pueblo catalán".
LA FISCALÍA MANTIENE LOS NUEVE AÑOS
El fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
El Ministerio Público considera que es autor o subsidiariamente cooperador necesario del delito de prevaricación y de desobediencia, por los que solicita la inhabilitación especial por siete años y medio y un año y un mes, más una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente.
No obstante, el fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.
El fiscal ha hecho pública sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCat, que en su declaración en calidad de investigado se escudó en la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional para justificar sus acciones. La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia.
LA DEFENSA DE HOMS DICE QUE NO QUISO DESOBEDECER
La defensa del exconseller de Presidencia y diputado de PDeCat Francesc Homs, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por participar en la organización del 9-N, ha solicitado este jueves la absolución del mandatario alegando que nunca quiso desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) -por ello el pidió que aclarara el alcance de su providencia-. Ha pedido que no se considere a su cliente un delincuente "porque no lo es".
La abogada Eva Labarta ha utilizado su alegato final para realizar una defensa muy poco técnica respecto de los delitos de prevaricación y desobediencia por los que el fiscal solicita para su defendido 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la que se ha centrado en el carácter poco concreto de la providencia por la que el tribunal de garantías acordó el 4 de noviembre de 2014 la suspensión del denominado "proceso participativo".
A lo largo de su intervención, que ha durado más de hora y media, la abogada ha calificado de "política" la querella presentada por la Fiscalía tras la oposición de los fiscales catalanes a la interposición de la misma y ha incidido en que en caso de producirse una condena se estará entrando "en un camino que sienta precedentes muy delicados", en alusión a la judicialización de la vida política.
