Homs se enfrenta a nueve años de inhabilitación por el 9-N

El exconseller de Presidencia catalán y actual diputado en el Congreso, Francesc Homs y Molist, se enfrenta desde este lunes a juicio en el Tribunal Supremo por delitos de prevaricación y desobediencia, en relación a la consulta popular del 9-N de 2014. La Fiscalía pide para el que fuera máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat nueve años de inhabilitación. El juicio se celebra después de la vista oral celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por los mismos hechos.

En esta primera sesión, Homs deberá declarar como acusado. Después de él tendrán que declarar como testigos siete personas entre responsables políticos y técnicos que ayudaron a la organización y celebración de la jornada de votación.

El martes están citados otros 13 testigos que prestarán declaración en sesiones de mañana y tarde. El miércoles está reservado a las periciales realizadas por la Guardia Civil y los alegatos finales, tras lo cual el juicio quedará visto para sentencia.

ACOMPAÑAMIENTO

Homs llegará al Supremo arropado por un séquito de responsables políticos y representantes de entidades soberanistas, que se reunirán a las 9.00 de la mañana en la plaza de Rey para ir caminando hasta la sede del tribunal, donde está previsto que comience el juicio a las 10.00 de la mañana.

Como ya se hizo en Barcelona, los responsables políticos y sociales se harán una foto de familia y varios de ellos tomarán la palabra. Volverán a responder a la prensa a las puertas del Supremo, según han informado las entidades soberanistas en una nota de prensa.

Homs llegará al Tribunal Supremo acompañado de una numerosa delegación formada, entre otros, por el presidente del PDECat y expresident de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del partido y portavoz del Govern, Neus Munté; la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal; el coordinador organizativo, David Bonvehí; el portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries; la exconsellera de Educación Irene Rigau; la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs; el conseller de Territorio, Josep Rull; el presidente del Grupo Parlamentario de Junts Pel Sí, Jordi Turull; el vicepresidente primero del Parlament de Cataluña, Lluís Corominas; el portavoz del Grupo Municipal Demòcrata en el Ayuntamiento de Barcelona, Quim Forn, y otros representantes institucionales del partido, así como otras entidades y formaciones políticas.

Los manifestantes se concentrarán en la plaza de la Villa de París, frente a la puerta principal de Tribunal Supremo, desde donde esperarán el desarrollo de la vista. Al edificio sólo podrán acceder el acusado, su abogado y un limitado número de acompañantes. La sala tiene un aforo de 90 personas.

Las entidades Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia también han convocado diversas concentraciones en las capitales de las cuatro provincias catalanas. En Barcelona la protesta está convocada a las 19.30 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

En un auto, la Sala II del Supremo amplía de cinco a siete magistrados la composición del tribunal que juzgará a Homs y se pronuncia sobre las pruebas planteadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. El tribunal estará formado por Manuel Marchena (presidente y ponente) y seis magistrados: José Ramón Soriano, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero.

RAJOY, CATALÀ Y TORRES-DULCE

El tribunal acepta todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía, alguna de las cuales también había pedido el acusado, como la pericial de los guardias civiles que realizaron el informe técnico sobre el análisis de los programas informáticos utilizados en la jornada del 9-N.

En cuanto a las testificales propuestas por Homs, no se aceptará la citación como testigos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos; el exfiscal general Eduardo Torres-Dulce, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por carecer "de todo enlace con el objeto del proceso".

El auto explica que no forma parte de este proceso la valoración política de los hechos asumida por los miembros del Gobierno de la nación cuyo testimonio se solicita, y que tampoco existe razón alguna para llamar a juicio al presidente del TC o al fiscal general del Estado en su momento, puesto que son los documentos que obran en la causa y no el testimonio personal de quienes dirigen estas dos instituciones los que reflejan las decisiones adoptadas en sus respectivos ámbitos funcionales.

En cuanto al testimonio solicitado del expresidente catalán Artur Mas, el tribunal señala que, pese a hallarse acusado en una causa derivada de los mismos hechos y juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña este mismo mes, deberá comparecer como testigo y no como coimputado. Sin embargo, quedará exento del deber de prestar juramento y será advertido de su derecho a no contestar a aquellas preguntas que puedan resultar perjudiciales para su defensa.

Respecto a las declaraciones solicitadas de Carles Viver i Pi Sunyer y Albert Lamarca i Marqués, el tribunal acepta su comparecencia en el juicio pero no como peritos, sino como testigos.

En cuanto a la prueba documental pedida por el acusado, no se acepta incorporar la resolución de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, de 18 de noviembre de 2014, que discutió este asunto. El tribunal recuerda que ese documento tiene carácter de oficio y no de resolución y forma parte de los trabajos preparatorios que ilustraron la decisión del máximo responsable de la Fiscalía General del Estado, quien ostenta la dirección del Ministerio Fiscal, en virtud de su Estatuto Orgánico.

Además, la Sala considera que el rechazo de esta prueba no genera indefensión, puesto que de hecho el documento obra ya en la causa porque ha sido incorporado por la defensa, además de haber sido objeto de amplia difusión en los medios de comunicación.