El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y el que fuera su socio, Diego Torres, condenados a seis y ocho años de cárcel, respectivamente, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes. Así lo ha sugerido el mismo en una entrevista en Antena 3, en la que ha precisado que espera que la Audiencia de Palma fije hoy o mañana la fecha de la vistilla en la que se decidirán las posibles medidas cautelares para los condenados y que ésta se celebre esta misma semana.
Además, en una entrevista en Onda Cero, ha dicho que "en principio" informará a favor de recurrir la sentencia en dos aspectos: los hechos relativos a la Comunidad Valencia y la consideración de CACSA como empresa publica no sometida a la normativa de contratación y en relación a los costes de los eventos. Con todo, ha puntualizado que la decisión de interponer el recurso corresponde finalmente a los fiscales del Tribunal Supremo.
El fiscal ha explicado que interponer ese recurso implicaría pedir también penas más altas para los principales condenados, puesto que si las condenas han sido menores a lo que pedía la Fiscalía --19 años para Urdangarin y 16 y medio para Torres-- es porque la Audiencia no ha considerado probados algunos delitos.
De hecho, ha hecho autocrítica y ha reconocido que su trabajo aportó los indicios necesarios para probarlos. "Es posible que en algunos aspectos el trabajo no haya estado a la altura", ha admitido. El Supremo, ha explicado también, puede optar por aumentar las penas o por rebajarlas si recurren los condenados.
LA CONDENA IMPLICA RIESGO DE FUGA
En lo relativo a las medidas cautelares para Urdangarin y Torres, Horrach ha explicado que el criterio general de la Fiscalía Anticorrupción es pedir prisión preventiva para los condenados a más de cinco años de prisión, pero que quiere escuchar a las partes y conocer sus circunstancias personales y económicas para pedir "las más ecuánimes". Eso sí, ha admitido que lo elevado de la pena "implica ya un cierto riesgo de fuga" en ambos casos.
"No descarto la posibilidad de una prisión preventiva con fianza, con lo cual el mero depósito de la fianza excluiría la prisión", ha precisado el fiscal. La petición será previsiblemente la misma para ambos condenados, puesto que no cree que la diferencia de penas entre ambos (seis años y tres meses para Urdangarin, ocho años y medio para Torres) sea relevante.
Horrach ha dejado claro que decidirá sobre las medidas cautelares de forma autónoma, y ha insistido que así ha sido a lo largo de todo el procedimiento y que nunca ha recibido ni una sugerencia de la Fiscalía General del Estado. "No, no y no. Eduardo Torres-Dulce, (anterior) fiscal general del Estado, expresamente me dijo 'no estoy aquí para tapar a nadie ni para ocultar nada", ha detallado.
DEFIENDE SU INDEPENDENCIA Y SU CRITERIO
Es más, ha asegurado que siempre ha tenido "manos libres". "Tras 25 años en la profesión, tendré mayor o menor capacidad pero tengo el criterio jurídico suficiente y la independencia necesaria para tomar mis propias decisiones, que son de mi única y exclusiva responsabilidad", ha remachado el fiscal.
De hecho, ha explicado que fueron a las "alusiones veladas" a su falta de imparcialidad incluidas en "algunos autos" del juez instructor del caso, José Castro, lo que motivó la "ruptura" entre ambos, y no la cuestión de si se imputaba o no delitos a la Infanta Cristina --el juez Castro sí los apreciaba y el fiscal Horrach no--.
El fiscal sigue sin compartir la tesis de Castro de que absolver a la Infanta suponga considerarla "mujer florero" y, en todo caso, ha avisado de que el Derecho Penal "no está para realizar valoraciones morales o éticas sino para valorar los hechos". El fiscal ha insistido en que en ningún caso similar se ha sentado en el banquillo a un socio no administrador, y ha puesto como ejemplo el caso Palau.
MANOS LIMPIAS SOLO QUERIA "AUTOBOMBO"
Por otro lado, en ambas entrevistas ha cargado duramente contra la acusación particular, que ejerció Manos Limpias y que, a su juicio, debió ser apartada del proceso cuando retiró la acusación contra Miguel Tejeiro. A su modo de ver, Manos Limpias se personó en el caso "para darse publicidad y autobombo", con el "disparate" de dar entrevistas en televisión después de cada jornada del proceso.
Aunque el tribunal sólo puede condenar a esta organización a pagar las costas --como así ha sido--, Horrach ha opinado que ahora los acusados por Manos Limpias que han resultado absueltos --la Infanta Cristina-- pueden iniciar acciones legales contra la asociación.
También cree que se puede recurrir en casación el hecho de que se permitiera la acusación popular, para que el Tribunal Supremo tome una decisión definitiva sobre esta figura y no haya desigualdad entre comunidades autónomas. En todo caso, cree necesaria una reforma que acabe con esta figura porque "distorsiona el proceso", por ejemplo en el caso de que la fiscalía llegue con alguna de las partes a un acuerdo que permita seguir investigando.
En el caso concreto de Nóos, Horrach ha reconocido que hubo conversaciones con los abogados de Urdangarin y de Torres, porque lo pidieron ellos, pero que no fructificaron porque lo primero que pide la Fiscalía es una reparación total de los daños y eso no se produjo. Es más, ha precisado que no llegaron a hablar de penas concretas para los acusados.
Respecto a su propia actuación en el caso, ha afirmado que le han "hecho mella" las acusaciones de "corrupto" o "defensor de la Infanta" aunque "el tiempo lo relativiza todo". Según ha dicho, esperaba que las "críticas mediáticas" cesasen una vez que el tribunal le ha dado la razón sobre ella y ha condenado a Manos Limpias, pero ve que "cuando un prejuicio se instala en la opinión pública es casi imposible erradicarlo" y siguen las teorías conspiratorias, de manera que se siente algo "defraudado".
