Jordi Sánchez (JxCat), candidato a presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, han protestado ante el Supremo por lo que consideran que es un juicio político dirigido contra ellos. Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido hoy ante el alto tribunal para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por el "procès" en el Supremo.
JUNQUERAS NIEGA QUE HUBIERA VIOLENCIA O SE USARAN FONDOS PÚBLICOS
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha manifestado ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que "no se ha dedicado un solo euro del presupuesto al proceso" soberanista en Cataluña, según han manifestado fuentes presentes en la declaración indagatoria que se ha celebrado este lunes.
Junqueras ha sido el primero en comparecer este lunes y durante unos 40 minutos ante el magistrado del alto tribunal, que le había citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Unicamente ha contestado a preguntas de su abogado defensor, para insistir en que todo fue "pacífico", rechazando responder al resto de abogados, a la Fiscalía ni a la acusación popular representada por Vox.
"Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia", ha añadido, para reiterar que no cree que sea delito la convocatoria de un referéndum, según las mismas fuentes.
Seguidamente, Llarena ha comenzado a realizar el mismo trámite con el que fuera candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez -quien ha permanecido durante hora y media ante el juez- , y el líder de la asociación Ómnium Cultural, Jordi Cuixar, aunque únicamente respecto del primer delito, ya que no se les acusa del segundo, la malversación.
Por lo que respecta a Junqueras, otras fuentes presentes en la indagatoria han señalado que, a preguntas de su defensa Junqueras ha manifestado que ERC lleva defendiendo un programa independentista desde hace muchos años y participando con él en las elecciones sin que nunca haya sido antes cuestionado. A su juicio, el conflicto debe solucionarse desde la política y nunca judicializarlo y mucho menos criminalizarlo.
Para Junqueras, defender la independencia es legal y los representantes políticos catalanes han intentado promover repetidamente un acuerdo político con España y pactar la forma de ejercicio del derecho a la autodeterminación, sin que España haya facilitado nunca cualquier diálogo.
QUEJAS POR FALTA DE OBJETIVIDAD
los tres líderes independentistas catalanes han presentado sus quejas por lo que creen que es un proceso dirigido contra ellos por sus ideas políticas, con falta de objetividad por parte del juez del caso, Pablo Llarena, y con vulneración de sus derechos como el de la protesta pacífica o, en el caso de Sánchez, su derecho a la participación política como candidato.
Ha sido el candidato Sánchez, cuyo pleno de investidura debió suspenderse el viernes después de que Llarena volviera a imposibilitar que actúe como candidato en el Parlament, quien más claramente ha puesto en duda la imparcialidad del juez, a quien, mirándole a los ojos fijamente, ha expresado una queja directa por su falta de objetividad, según la acusación popular, ejercida por Vox.
Los abogados defensores han explicado a los periodistas, por su parte, que sus defendidos han señalado al juez que sus autos de procesamiento criminalizan el derecho a la protesta, que han negado cualquier existencia de violencia por parte de los independentistas y que han defendido el derecho a la protesta.
Así, los comparecientes han defendido que pedir la independencia de Cataluña no es un delito, además de quejarse por el poco respeto a la legalidad, al derecho a la defensa y a las reglas de competencia de los tribunales que está siguiendo el caso en el Supremo, siempre según los abogados defensores.
