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(Actualizado

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha explicado por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión "con enorme pesar" de retirarle la Cruz de la Dignidad que le otorgó en 2017 "asombrada por su radical cambio" desde que dejó de ejercer como juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial para pasar a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Desde que fue nombrado ministro del Interior, y a pesar de que hemos tenido mucha paciencia debido a su brillante pasado en la lucha antiterrorista, las víctimas del terrorismo hemos asistido asombradas a su radical cambio de posicionamiento", señala la AVT en una misiva fechada el 31 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press.

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La asociación que preside Maite Araluce --firmante de la carta-- lo justifican en las políticas con respecto a los presos de ETA, que califican de "incompatibles con los principios que le hicieron merecedor de dicha distinción". La AVT es muy crítica con los acercamientos de etarras sin colaboración con la Justicia ni arrepentimiento al País Vasco y Navarra --el último, los ocho aprobados ayer--, poniendo fin a la dispersión de presos que se usó en la estrategia que llevó a la derrota de la banda terrorista.

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La asociación también ha criticado que los "herederos del brazo institucional de ETA se hayan convertido en socios preferentes del Gobierno". También reprochan la falta de concreción en la prometida reforma legislativa para acabar con los homenajes a los terroristas, los conocidos como 'ongi etorris', así como no se "actualice" la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

Alerta de una "excarcelación masiva" de presos de ETA

La AVT ha alertado también de una "posible excarcelación masiva" de presos de ETA, con el correspondiente pago de indemnizaciones, si el Gobierno de España no recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el régimen de incomunicación tras el fallo favorable al etarra Xabier Atristain Gorosabel.

Recuerda que tiene de plazo hasta el 18 de abril y que, en caso de desistir, "se pude producir una sangría de excarcelaciones comparables a la de la derogación de la Doctrina Parot". En su opinión, la Abogacía del Estado debe defender ante dicho tribunal que el régimen de incomunicación aplicado a los presos de la banda terrorista "no necesariamente implica vulneración de derechos".

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La AVT se refiere a la condena a España del tribunal con sede de Estrasburgo, que se conoció el pasado 18 de enero, dando la razón al etarra Xabier Atristain Gorosabel por no poder acceder a un abogado de su elección y consultar a su letrado mientras permanecía en detención incomunicada en 2010, motivo por el que debe ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales, más 8.000 euros por costas y gastos procesales.

Atristain interpuso recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de su condena a 17 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos y armas, fijada por la Audiencia Nacional en 2013. El 17 de febrero de 2022, como consecuencia de dicho recurso, fue puesto en libertad condicional a la espera de la resolución.