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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha considerado este martes que la financiación "a la carta para Cataluña" es "ilegal", ya que "no cabe en la Constitución y rompe con el principio de solidaridad entre regiones".

"Pedro Sánchez está comprando votos con el dinero de todos los españoles y poniendo en riesgo los servicios públicos en el resto de España para mantenerse como presidente y para que Illa lo sea, lo que sin duda es la peor corrupción política posible", ha señalado a través de su perfil en la red social 'X'.

El PSC y ERC acuerdan salir del régimen común y recaudar el 100% de impuestos para investir a Illa

El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha garantizado que ni la Comunidad y la mayoría de autonomías se quedarán de "brazos cruzados ante un nuevo atropello del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez".

La ejecutiva de ERC avaló este lunes un preacuerdo con el PSC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, que prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un Departamento de Política Lingüística en el Govern.

Serrano (PP) exige al PSOE-M que rechace el acuerdo

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido al PSOE-M que rechace el acuerdo entre el PSC y ERC que prevé que Catalunya salga del régimen común y que la Agencia Tributaria Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos.

"Cualquier dirigente político en la Comunidad de Madrid si no se opone a este acuerdo no estará defendiendo los intereses de los madrileños y estará inhabilitado para representarles", ha señalado en declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio de Alcorcón. El 'número dos' del PP madrileño ha criticado que "contentos con haber robado 600 millones de los parados de Andalucía", el PSOE pretende "robarles ahora la financiación a los madrileños".

Oposición mayoritaria de las Comunidades

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, señaló este martes que su formación y las comunidades autónomas en las que gobierna serán el “dique de contención” frente a la propuesta de financiación singular en Cataluña acordada entre el PSC y ERC, que es “inaplicable porque es ilegal, porque es inconstitucional”.

Así lo indicó Tellado en rueda de prensa desde la Cámara Baja, después de que ERC anunciara ayer por la tarde que había llegado a un preacuerdo con el PSC para facilitar la investidura del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, en el que, entre otros aspectos, se acordaba que Cataluña pase a recaudar el 100% de los impuestos.

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que Andalucía "debe responder y va a responder" en defensa de sus intereses ante el "ataque frontal" que supone el preacuerdo entre ERC y el PSOE para investir a Salvador Illa como presidente catalán.

"Es un acuerdo que de facto le da la independencia fiscal y la recaudación a Cataluña", ha dicho Moreno durante el acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo regional.

En su intervención, Moreno ha asegurado que en este momento la comunidad se enfrenta a "amenazas" como este acuerdo que "rompe de facto el principio de interterritorialidad entre los españoles y la solidaridad entre territorios".

Los otros acuerdos del PSC y ERC:  selecciones deportivas, catalán como lengua vehicular e infraestructuras

"Supone un mazazo al principio de intersolidaridad territorial", ha sentenciado Moreno, que ha garantizado que Andalucía "debe responder y va a responder" en defensa de sus intereses y de "un país que tiene que ser solidario y trabajar en igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan".

El Gobierno valenciano recurrirá en el Constitucional

La portavoz del Gobierno valenciano y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha tildado de "golpe de estado fiscal" el preacuerdo entre ERC y el PSC y ha avanzado que lo recurrirá al Tribunal Constitucional.

Merino ha denunciado que este preacuerdo hace "saltar por los aires las bases de la convivencia entre iguales", pues supone una "quiebra total de los principios de igualdad y solidaridad de todos los españoles".

Ha exigido conocer el contenido concreto del acuerdo, pues solo saben lo que ha anunciado ERC, que el PSOE -ha recordado- no ha desmentido, y ha asegurado que, de confirmarse este pacto, el Gobierno valenciano "llegará hasta dónde haga falta, con todos los medios jurídicos y políticos" a su alcance, entre ellos, recurrir al Tribunal Constitucional.

Las consecuencias de la concesión de un concierto económico para Cataluña

Lambán y Page cargan contra el preacuerdo

Los líderes del PSOE en Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente, criticaron este miércoles a través de sus redes sociales el anuncio del preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Lambán, expresidente de Aragón, lamentó que el independentismo “consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa".

El expresidente aragonés apuntó que el acuerdo con ERC “es una quiebra brutal” de la igualdad entre todos los españoles. Por ello, indicó que, “como socialista, como demócrata y como español, me resulta inadmisible”.

ERC preacuerda con el PSC salir del régimen común y recaudar el 100% de impuestos

Por su parte, Page, presidente de Castilla-La Mancha, señaló que le tiene “perplejo” el “atronador silencio ante el grave atentado a la igualdad” anunciado por ERC. “O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles”, apuntó.

El presidente de Castilla-La Mancha añadió que “los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla”.

El Gobierno se felicita por el concierto catalán: "Es el triunfo del diálogo"

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha cargado duramente contra el preacuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común y recaude el cien por cien de los impuestos, según los republicanos, algo que califican como "una auténtica barbaridad y una verdadera vergüenza" y alertan de que supone "la ruptura total del sistema".

Los Inspectores de Hacienda ven "inconstitucional" la propuesta fiscal de Cataluña y alertan de que subirá el fraude

Así se ha pronunciado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado en un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press, sobre el preacuerdo que anunció este lunes ERC para la investidura de Salvador Illa, que supondría un concierto económico en Cataluña similar al del País Vasco y Navarra.

A falta de conocer los detalles y la postura de los socialistas, los inspectores de Hacienda se han posicionado radicalmente en contra después de que hayan ido ya alertando en las últimas fechas de las consecuencias de que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, así como de la fragmentación de la Agencia Tributaria.

Otro cambio de posición de Montero

El concierto económico para Cataluña ha sido rechazado en más de una ocasión por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su rechazo tiene declaraciones muy recientes, pero también se remonta a los años en que era consejera de Hacienda del gobierno socialista de Andalucía, cuando incluso se oponía a que el gobierno hablara sólo con una Comunidad autónoma de su estatus fiscal.

La concesión de un concierto económico, llamado entonces "pacto fiscal para Cataluña", fue la principal demanda con la que el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas acudió a La Moncloa en 2012. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó frontalmente la exigencia del presidente catalán. Más exigió financiación propia para Cataluña, y amenazó con consecuencias que luego llegaron con el proceso independentista. Rajoy se negó aduciendo que esa reclamación no tenía cabida en la Constitución.