La Fiscalía de Las Palmas denuncia otra malversación por material anti covid en Canarias por 23 millones

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones de euros.

En un comunicado, la portavoz del Ministerio Público ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a trámite esa querella, que gira en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.

La Fiscalía inició estas diligencias de investigación penal a raíz de unos hechos denunciados por la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.

Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos.

Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministerio Público.

Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado 'Caso Koldo', también por la compra de cubrebocas.