La Fiscalía del Supremo investigará si las palabras de Abascal sobre "colgar por los pies" a Pedro Sánchez son delito

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado abrir diligencias de investigación penal contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por la entrevista que dio al diario argentino 'Clarín' en la que afirmó, en relación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo por los pies”.

El Ministerio Público inicia las diligencias tras recibir la denuncia del PSOE, que destaca la gravedad de estas declaraciones y defiende que no queden amparadas por la liberta de expresión. Los socialistas, a los que se notificó la decisión este viernes, consideran que las palabras de Abascal pueden ser constitutivas de los delitos de odio y de injurias y calumnias a altas instituciones del Estado.

La apertura de diligencias de investigación es el inicio de un procedimiento tras el cual la Fiscalía decidirá si presenta una querella ante el Supremo, dado que el líder de Vox es aforado, o si archiva las diligencias.

El PSOE presentó la denuncia el pasado día 13 de diciembre argumentando sobre la “gravedad” las palabras de Abascal, que se enmarcaban en las marchas violentas que se estaban produciendo a diario en las inmediaciones de la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid. Entendían que con esas declaraciones el líder de Vox “justificaba el uso de la violencia contra el presidente” y un ataque contra la ideología socialista.

Respecto a las palabras de Abascal, fueron estas: "Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies".

En relación con la posible comisión de los delitos de injurias, calumnias y amenazas graves al Gobierno de la nación y a su presidente, la teniente fiscal señala en su escrito de ocho páginas que “a simple vista no pueden ser descartados del presente supuesto”, aunque no llega a pronunciarse sobre si los hechos investigados tienen carácter delictivo.

En cuanto al delito de odio, indica que la doctrina del Tribunal Supremo pone como requisito la creación de “un clima proclive, propiciador de actos de discriminación para el colectivo de que se trata” y advierte que es “muy restrictivo” en cuanto a la posibilidad de aplicarlo a los políticos, puesto que es un delito diseñado para proteger a “minorías sociales”.

La Fiscalía destaca en este punto que Abascal es diputado, por lo que está protegido por el principio de inviolabilidad en el ejercicio de su tarea política, por lo que es necesario un análisis muy pormenorizado de los hechos para determinar el “contexto” en el que se produjeron sus declaraciones, ya que esa inviolabilidad es extensible a los actos que ocurran fuera de la Cámaras.

Entiende el Ministerio Público que las declaraciones se producen en un momento de “grave agitación política” en las que personas y organizaciones supuestamente afines a la ideología de Vox han promovido una multitud de incidentes violentos contra las sedes del partido político denunciante, que aún continúan y que en ocasiones han terminado en enfrentamientos con la Policía. Hechos alimentados por el propio Abascal, que ha llegado a pedir a los agentes en sus redes sociales que “no obedezcan a sus mandos”.

La teniente fiscal indica en su escrito que la libertad de expresión goza de “unos espacios muy amplios en la crítica política” y añade que al haberse producido la entrevista en Argentina es necesario asegurarse de que estos hechos también son delito allí.

La Fiscalía concluye anunciando una serie de diligencias entre las que figura solicitar copia al diario 'Clarín' de la entrevista y de las informaciones que se publicaron con relación a este asunto. También recabará las publicaciones de Abascal en redes sociales sobre el particular y sobre las concentraciones ante la sede socialista. Finalmente, solicita a la Policía Judicial que informe sobre la identidad de los convocantes de esas protestas.