La Fiscalía recurrirá la inadmisión del recurso de Puigdemont sobre su orden de detención

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) recurrirá en septiembre la decisión de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo. La decisión fue adoptada por la mayoría de los magistrados conservadores en esta Sala que consideraron urgente resolver, algo que los fiscales no aprecian.

El Ministerio Público tiene previsto presentar un recurso de súplica con el objetivo de forzar el debate en el Pleno del órgano de garantías, donde hay una mayoría progresista, tras más de una década de dominio conservador.

A juicio de la Fiscalía no había urgencia que justificara que la Sala de Vacaciones tuviera que resolver la petición de suspender la orden de detención nacional que el Tribunal Supremo dictó sobre Puigdemont y su exconseller, Toni Comin.

Desde la Fiscalía consideran que no era un asunto que requiriese resolución fuera del Pleno del Constitucional que, cabe recordar, cuenta con una mayoría progresista a diferencia de la Sala de Vacaciones, con una mayoría conservadora.

La Sala de Vacaciones está compuesta por tres magistrados: los conservadores César Tolosa y Concepción Espejel y la progresista Laura Díez. La inadmisión del recurso se adoptó por los votos de los dos primeros, evitando así que la decisión pasara al Pleno del TC en septiembre.

Puigdemont y Comín consideran vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías. Entienden que están amparados por la inmunidad parlamentaria como eurodiputados y que una orden nacional de captura e ingreso en prisión es “manifiestamente desproporcionada”.

El pasado mes de junio, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmó la decisión del instructor Pablo Llarena de cursar orden nacional de detención por los delitos de desobediencia y malversación agravada, tras la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición.

Entendió el Supremo que Puigdemont debe “asumir las consecuencias”, su falta de colaboración con la Justicia y el “incumplimiento de las comparecencias” que se le han planteado hasta el momento. El expresidente catalán está huido de España desde 2017.

Además, la Fiscalía se dirigió al juez Llarena el pasado mes de julio para pedirle que activara la órdenes de detención internacional contra Puigdemont y Comín, tras la suspensión de la inmunidad para ambos acordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero al instructor ha decidido esperar a que la Justicia europea resuelva el recurso presentado por los líderes independentistas.