La Fundación Hay Derecho registra más de 100.000 firmas en el Congreso contra la amnistía
- Consideran que supone "la quiebra de la separación de poderes" y no responde al "interés general"
La Fundación Hay Derecho ha registrado este martes en el Congreso 101.000 firmas de la sociedad civil en contra de la proposición de ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts porque consideran que supone "la quiebra de la separación de poderes" y no responde al "interés general".
"El enfoque no ha sido el interés general, sino únicamente necesidades de aritmética electoral coyuntural a cambio de votos de un partido minoritario", ha reiterado la directora general de la Fundación, Safira Cantos. La campaña tiene el objetivo de abrir un debate "participativo y lo más democrático posible" en la Cámara baja y denunciar el procedimiento de urgencia con el que ha sido tramitada esta proposición de ley.
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"Es muy anómalo que una proposición de ley de esta trascendencia no se esté negociando en el parlamento, sino fuera de nuestras fronteras. El debate se tiene que hacer en las instituciones y lo que no se puede entender es que llegue cocinada una proposición de ley acordada por las personas que se van a ver beneficiadas", ha explicado la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez.
Las firmas registradas en el Congreso de los Diputados se suman a las cartas remitidas por la Fundación a diferentes autoridades europeas y reclaman la comparecencia de los portavoces de todos los grupos políticos en comisión parlamentaria.
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Además, De la Nuez ha criticado las palabras de Sánchez sobre el 'lawfare' en España y ha mostrado su preocupación por lo que considera un "ataque a la separación de poderes".
"Si existen casos de abusos o actuaciones judiciales excesivas se deben corregir con las reglas del Estado de derecho y no por parte de los políticos en comisiones de investigación", ha añadido De la Nuez.
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La misma Fundación ha anunciado una próxima iniciativa para solicitar a los grupos parlamentarios la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace 5 años, lo que consideran que "daña la credibilidad y la confianza en las instituciones".
