La Guardia Civil registra el despacho del Fiscal General del Estado por orden del Supremo
- El alto Tribunal requiere a Alvaro García Ortiz a que busque abogado para la causa abierta contra él, labor que previsiblemente recaerá en la Abogacía del Estado
La Guardia Civil ha registrado el despacho del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, en busca de documentos, móviles y correos electrónicos por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Angel Luis Hurtado ha ordenado esta diligencia "al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos" que le atribuye Alberto Gónzalez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado ha precisado que la entrada y registro se iba a practicar a "partir de las 10.00 horas del día 30 de octubre de 2024 y durante las horas que resultaren precisas". El registro se prolonga ya más de siete horas.
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz ha acordado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
NO GENERAR INDEFENSIÓN
Esta misma mañana el magistrado Angel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto, recogido por Europa Press, el instructor indicó que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Alvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión".
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzaron que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
La pareja de Ayuso pide al Supremo que acceda al correo personal del fiscal general
Además, Hurtado dio traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor dejó pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
Después de que el Alto Tribunal abriese un procedimiento penal contra él hace un par de semanas, el magistrado instructor, Ángel Hurtado, da el siguiente paso e incoa diligencias previas para poner en marcha la investigación y "confirmar o descartar los indicios" existentes.
En un auto conocido este miércoles, el magistrado requiere al fiscal general que designe abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación en el procedimiento, para no generarle indefensión. García Ortiz podría solicitar los servicios de la Abogacía del Estado.
Por el momento, Hurtado deja pendiente de decidir si acepta las últimas diligencias solicitadas por el empresario y pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.
González Amador solicita los correos electrónicos relacionados con el acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía y en el que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros a cambio de no ir a juicio.
Manos Limpias pide al Supremo la suspensión cautelar de García Ortiz para garantizar la imparcialidad del fiscal del caso
El magistrado decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.
A la espera de saber cuál es la decisión del juez Hurtado, lo que sí hace el magistrado es solicitar a las acusaciones populares que forman parte de la causa -Fundación Foro Libertad y Alternativa; Manos Limpias; Colegio de la Abogacía de Madrid; y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- para que en cinco días se pronuncien sobre su posible agrupamiento y actúen como una sola.
Feijóo critica que el fiscal general del Estado haya decidido "atrincherarse"
La causa del Supremo contra García Ortiz nació en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde el empresario González Amador presentó una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le ha investigado por la difusión de una nota de prensa que aclaraba extremos sobre su investigación por presunto fraude fiscal.
El fiscal general asumió la responsabilidad de esa nota de prensa, que justificó en la obligación del Ministerio Público de informar y en la necesidad de desmentir un bulo, y el TSJM derivó la investigación al Supremo.
El Supremo no ha visto delito en la difusión de ese comunicado, pero sí quiere indagar en la filtración de los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía, en los que el primero ofrecía un pacto al fiscal
