La Justicia exime a Boliden de pagar 90 millones a la Junta de Andalucía por el desastre de Aznalcóllar

El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha dictado este viernes la sentencia por la que desestima la demanda de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden Apirsa en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar.

La sentencia condena además en costas a la Administración andaluza.

La resolución no es firme y cabe contra ella un recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia número once en el plazo de 20 días siguientes a la notificación a las partes.

"Debe ser desestimada al no apreciarse que la acción ejercitada pueda sustentarse en la normativa y doctrinas invocadas", argumenta la Justicia.

LA JUNTA RECURRIRÁ LA SENTENCIA

Tras la sentencia, el Gobierno andaluz ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación y, "si fuera necesario, apelará al Tribunal Supremo".

Así lo ha anunciado el Ejecutivo andaluz en un comunicado en el que ha remarcado que esta sentencia "no es firme", y se ha declarado "convencido de la existencia de la responsabilidad del grupo Boliden".

Desde la Junta han subrayado que "tanto la responsabilidad de Boliden por las consecuencias derivadas del accidente minero, como el hecho de que la rotura del dique es exclusivamente imputable a su actuación, han sido ya declaradas por sentencia firme".

Así, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 22 de noviembre de 2004 le condena al pago de más de 40 millones de euros por los daños causados al dominio público hidráulico, mientras que la del mismo alto tribunal del 11 de enero de 2012 resolvió "la reclamación presentada por la empresa frente a los autores de los proyectos y ejecutores de las obras, a los que pretendía reclamar la responsabilidad por la rotura".

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado la sentencia como "una muy mala noticia para Andalucía" y "para el medio ambiente en un momento en el que la protección del entorno natural se convierte en objetivo fundamental de nuestro ordenamiento jurídico", y ha subrayado que la Junta "ya gastó casi 90 millones de euros en reparar las consecuencias derivadas de un accidente minero de cuya responsabilidad es exclusiva del Grupo Boliden", según ha remachado.

PROTESTAS DE GRUPOS ECOLOGISTAS

También las organizaciones ecologistas han mostrado su malestar y sorpresa ante el fallo.

Portavoces de Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han coincidido en que Boliden "sale favorecida" tras no cumplir con las labores de limpieza que le exigía la Junta y además haberse "beneficiado del cobro de subvenciones".

Por su parte, Maite Mompó, directora de la campaña en España de 'Stopecocidio', lo califica como "un claro ejemplo de la necesidad de tipificación del ecocidio en el Código Penal español", especialmente para "prevenir a las empresas para que no se puedan producir estos daños tan graves en el medioambiente".