La UCO señala al Fiscal General del Estado en la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsable de la filtración a la prensa de los datos confidenciales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos fiscales.

En su informe asegura que García-Ortiz tuvo una "participación preeminente" en la filtración a la prensa. Recogen además la cronología de los hechos y, según los mensajes intervenidos por la Guardia Civil la denuncia contra el novio de Ayuso, fue filtrada a la prensa antes de que la recibiese su abogado.

Informe que se conoce al levantar el juez el secreto de las actuaciones y que señala que "ern relación con esa denuncia es necesario destacar que, según se desprende de las conversaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp (...), será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado".

Se trata del informe donde analiza el material incautado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro efectuado en su despacho el pasado 30 de octubre en el marco de la causa donde está investigada junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Tribunal Supremo les abrió causa el pasado 16 por un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración a la prensa de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, en este informe la UCO amplía la mira y pone el foco también en la filtración a la prensa de la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por delitos fiscales.

La UCO detecta "la primera comunicación" en relación con la denuncia contra González Amador a las 7:09 horas del 8 de marzo con un mensaje de WhatsApp del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, a Rodríguez para indicarle que falta escanear algunas páginas.

Rodríguez no contesta hasta dos horas después y ya a las 10:22 la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid envía otro mensaje a García Ortiz: "Hola, jefe. A tu disposición".

La UCO explica que "aparentemente, no existe respuesta a este mensaje, ni comunicación, por este medio o vía telefónica hasta el 13 de marzo".

No obstante, subraya que la noticia sobre la denuncia contra González Amador por un presunto delito fiscal se publicó en prensa el 12 de marzo, a las 6 de la mañana en elDiario.es, "es decir, tan solo cuatro días después" de que la Fiscalía General del Estado la recibiera "de manera completa "desde la Fiscalía Provincial de Madrid.

Al respecto, el informe advierte de que, a tenor de las horas y de la información publicada por este diario, con extractos de la denuncia original e informes de Hacienda, "la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado".

Esto es así porque la noticia se publica a las 6:01 horas y el fiscal del caso, Julián Salto, envía a las 9:23 horas un correo a su abogado informándole de la denuncia ya formalizada "para facilitarle el derecho de defensa", avisando de que "hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto".

Al día siguiente a las 21'30h, otro medio publica que la fiscalía ofreció un pacto a Amador. El Mundo publica una noticia, en base al correo del día anterior en el que el fiscal del caso informa de la denuncia a la defensa de la pareja de la presidenta madrileña con el titular 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso.

Es entonces cuando "el fiscal general comienza a impartir órdenes para recabar los correos mantenidos entre el abogado de la defensa y la Fiscalía", anteriores a la denuncia.

Los agentes dicen que el correo que la defensa de González Amador remite al fiscal Julián Salto el 2 de febrero, que reconocía la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021", junto a otros más, los reenvía Salto a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y a Rodríguez, quien a su vez los remite al fiscal general a las 21:59 horas.

Dos horas después, a las 23:51, la SER publica la información sobre el correo del 2 de febrero en la que, además, se indica que "la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas".

Por todo ello, los agentes señalan que en ese lapso de tiempo "hay tan solo un reducido número de personas en los que concurren dos circunstancias": que tienen acceso a todos los correos de la investigación a González Amador y "que tienen conocimiento, no solo de que la Fiscalía está elaborando un comunicado, sino el periodo temporal aproximado en el que este se publicará".

Al respecto, avisan de que estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, "por lo que la filtración debe iniciarse en esta" y apunta a cinco fiscales.

No obstante, deja claro que "la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y la de requerir los diferentes correos es sostenida por el fiscal general", de quien dice que "imparte de forma directa las órdenes" para responder a la publicación de El Mundo con la "consecuente subordinación jerárquica en su cumplimiento".

Por todo ello, la Guardia Civil asegura que la participación del fiscal general "fue preeminente" y por eso pide al juez instructor hacer una copia de todos los dispositivos que se le incautaron.

Añade que la nota la hace la Fiscalía General con los datos aportados por la Provincial y que "existe una persona o varias en la Fiscalía General" que "están apoyando" a García Ortiz en los cometidos de la nota de prensa, que no pueden ser identificadas en este momento.

Este lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ordenado a la UCO que analice la información incautada al fiscal general tras los "elementos" hallados en el informe pericial del material incautado a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez