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Ya son tres las Comunidades gobernadas por el PP que han anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. A Castilla y León, hoy se suman Galicia y Aragón. Denuncian que la ley socialista rompe con la igualdad territorial, jurídica y económica.

El Gobierno gallego ha dado 'luz verde' este lunes, en su primera reunión tras el 'parón' de agosto, a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para los líderes del 'procés' catalán aprobada este año. Así lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que este recurso "ya anunciado" llega después de los dictámenes favorables del Consello Consultivo y de la asesoría jurídica de la Administración autonómica.

La "arbitrariedad de la ley", la "quiebra del principio de igualdad territorial, jurídica y económica" y la "vulneración de la separación de poderes" son algunos de los argumentos que, en palabras de Rueda, hay para que la Xunta haya decidido interponer este recurso ante el Tribunal Constitucional.

De esta forma, el Gobierno autonómico formalizará el recurso antes del 9 de septiembre, fecha en la que finaliza el plazo para su presentación.

"Siempre hemos dicho que Galicia actuará con toda la contundencia cuando pensemos que hay normas que atentan contra sus intereses, como es el caso", ha aseverado el mandatario gallego.

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La argumentación que emplea el Ejecutivo gallego parte de la consideración de su asesoría jurídica, que entiende que la ley de amnistía "contradice" artículos de la Constitución Española como el 9.1, que marca que "todos" los ciudadanos y poderes públicos estarán sometidos a la Carta Magna y el resto de ordenamiento jurídico.

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Asimismo, el Gobierno de Aragón ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que se presentará "de forma inmediata" según ha anunciado el presidente aragonés, Jorge Azcón, en una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del curso político, donde ha insistido en que esta ley "rompe con la igualdad, la legalidad, el Estado de derecho y la Constitución".

En palabras de Azcón, era "una obligación política" y también "moral" para el Ejecutivo aragonés la defensa del marco de convivencia de la Constitución de 1978 "contra el que atenta fundamentalmente esta ley de amnistía".

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Se trata, ha continuado, de "cumplir con la palabra que le dimos a los aragoneses" y defender algo con lo que "en nuestra tierra nos sentimos especialmente identificados": la ley, el Estado de derecho o "que tengamos reglas de juego que sean respetadas por todos"; algo que, ha insistido, en Aragón se siente como "absolutamente propio". "Lo que ocurrió fue un golpe de Estado", ha recalcado Azcón, quien ha subrayado que "no es una opinión", sino la calificación jurídica de los hechos por parte del Tribunal Supremo. "Y un golpe de Estado no merece ser amnistiado", ha remachado, y menos por "un chantaje político" para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.

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Además, ha puesto de manifiesto que, pese a la aprobación de la amnistía, "los independentistas no quieren dejar de ser independentistas" y, de hecho, han redoblado sus "ansias rupturistas" y contra la Constitución, como se demostró con la segunda fuga de Puigdemont, con la que volvió a "burlarse" del Gobierno, de Sánchez y del PSOE. "Sus convicciones de volver a hacer un golpe de Estado están más vivas que nunca", ha insistido.