La amnistía dejaría sin juicio a los 12 CDR que planearon ocupar el Parlament y realizaron cortes de carreteras

La futura ley de amnistía ultimada por el PSOE con ERC librará del juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

Según trascendió este miércoles la norma, además, también abarcaría a los investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

El magistrado abrió esta causa en 2019 por delitos de terrorismo para esclarecer el rol que habría tenido la plataforma en los disturbios que siguieron a las condenas a los líderes separatistas. Cabe destacar que el pasado mes de mayo el magistrado levantó el secreto de las actuaciones sin que aún se sepa exactamente quiénes están imputados.

MARTA ROVIRA

En el marco de la investigación, la Guardia Civil situó a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la gestión en la sombra de Tsunami Democràtic en un informe incorporado a la causa.

Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras de las pesquisas, el Instituto Armado coloca a Rovira y otros miembros de ERC en la organización de lo que aparentaba ser un movimiento ciudadano de carácter espontáneo. Los investigadores lograron identificar a los partidos y entidades independentistas que habrían orquestado las acciones de Tsunami Democràtic, con Rovira al frente de la estructura política.

LAS ACCIONES DE TSUNAMI

Sin embargo, la existencia de un aforado entre los investigados, la derogación este año del delito de sedición y las dudas acerca de si los hechos serían constitutivos de un delito de terrorismo han dejado en el aire que la causa pueda continuar en la propia Audiencia Nacional, ya que se plantea la posibilidad de que deba ser remitida para su instrucción a los Juzgados de Barcelona.

El pasado mes de octubre, entre tanto, el juez García Castellón aceptó la personación de Vox y de la asociación Dignidad y Justicia en la causa a cambio de la "previa prestación de una fianza de 200 euros para responder de las resultas del juicio".

Una de las cuestiones sobre las que se puso la lupa en su momento fue que Tsunami Democràtic utilizó una aplicación móvil para sus acciones de protestas, entre ellas el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

Fue en agosto de 2021 cuando el titular del juzgado, Manuel García-Castellón, sumó a esta causa secreta parte de 'Voloh, otro caso donde el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, a cargo de Joaquín Aguirre, investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista.

El nexo entre ambas causas sería el ex conseller de ERC Xavier Vendrell, que fue detenido en el marco de 'Voloh', y al que el juez Joaquín Aguirre atribuye "la actividad de dirección y participación directa" en las acciones de Tsunami Democràtic durante el otoño de 2019.

OBJETIVO: LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

En la causa de los CDR, cabe recordar que el magistrado dio por finalizada la investigación y la Fiscalía propuso el pasado mes de junio juzgar a 12 personas por un delito de pertenencia a organización terrorista, achacando a ocho de ellos además delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

En concreto, el fiscal pidió sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.

Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista. Se trata de las personas encuadradas en la denominada 'Operación Judas'. Todos ellos, según el juez Manuel García Castellón, formaban parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraban totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

USO DE LA VIOLENCIA EN SU MAXIMA EXPRESION

Todos los investigados, señalaba García Castellón, compartían principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión.

De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el procés desde la cárcel de Lledoners.

También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros.

De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior.