La amnistía llega al CGPJ con sus bloques enfrentados

El Consejo General del Poder Judicial celebra este lunes un pleno extraordinario de alto voltaje para abordar la amnistía del procés, a petición de los vocales conservadores, duramente criticados por los progresistas que ven su propuesta como una "incitación a la sublevación de las togas".

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, aceptó la propuesta de estos ocho vocales que, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, consideran la amnistía una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".

Los ocho vocales son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.

Este grupo ha hecho pública una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, que esperan que respalde el pleno, que subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.

Califican la amnistía como una "medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España" que "violenta la Constitución" y que producirá "inevitablemente" consecuencias "en perjuicio del interés general de España" y convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica "en una quimera".

En el documento planteado, se denuncia que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, justifique la amnistía como una medida por el "interés de España", cuando persigue impedir un eventual gobierno de partidos de derecha y "mantenerse en el Gobierno".

El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta ha pedido la desconvocatoria del pleno extraordinario al considerar que es "manifiestamente ilegal" y ha anunciado que no asistirá en caso de celebrarse.

En un escrito remitido a la Presidencia de este órgano, al que ha tenido acceso EFE, Cuesta asegura que no quiere contribuir "a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023".

Fuentes jurídicas consultadas por EFE ven "imposible" que esta iniciativa salga adelante. Descartados los apoyos progresistas, no creen que los conservadores llegaran a sumar apoyo alguno y menos del presidente que "debe guardar la posición institucional" del Consejo, como tampoco creen que la respalde el vocal Wenceslao Olea, a quien califican de "muy institucional", en la senda de Guilarte.

Con todo, solo necesitan un voto para lograr la aprobación de su propuesta, que tendría en todo caso efectos declarativos.

La petición de los ocho vocales ha causado "conmoción" en el bloque progresista, que lo ve "una incitación a la sublevación y a un golpe de estado de los jueces" por medio de una iniciativa con la la que están "buscando interferir en la investidura de Pedro Sánchez", según afirman las fuentes consultadas.