El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, que falleció ahogado el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en un pantano en la base de Cerro Muriano (Córdoba), ampliará su denuncia contra el capitán y la extenderá a toda la cadena de mando y al Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario.
En conferencia de prensa, el abogado Luis Romero ha dicho que la denuncia va a ser ampliada para que se investigue al coronel, teniente coronel y general de brigada, mientras que se considera que el Ministerio de Defensa es responsable civil subsidiario de los hechos.
El abogado ha señalado que el ejercicio no contó con un plan de seguridad en previsión de problemas, sin que hubiese personal sanitario en el entorno del lago artificial donde murió el soldado y otro compañero, además de llevar en la mochila un peso total de 12 kilos más o menos, ya que incluía una mina inerte como castigo por no haber hecho correctamente ejercicios en días anteriores.
El letrado ha rechazado que del caso se encargue un tribunal militar, y reclamará que sea el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba el que entienda todo el proceso, tras conocer en la misma rueda de prensa que el juzgado cordobés se ha inhibido, decisión contra la que va a presentar este martes un recurso.
Así, el Tribunal Militar de Sevilla se hará cargo de la investigación por la muerte por ahogamiento de dos soldados mientras realizaban una maniobras acuáticas en la base militar.
Fuentes judiciales han explicado a EFE que el juez cordobés ha decidido la inhibición, solicitada por el juzgado militar el pasado 8 de enero, tras analizar las alegaciones presentadas por las partes personadas en el caso, tanto la Fiscalía como los familiares de los fallecidos, y al entender que el tribunal militar es el competente para su instrucción.
Con su decisión, el juez cordobés apoya la solicitud de la Fiscalía Provincial de Córdoba, a favor de la inhibición sobre el Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla, aunque no tiene en cuenta la petición de los las familias de los fallecidos, proclives a una investigación de la justicia ordinaria.
La Unidad de Preparación Básica de la que formaban parte los fallecidos estaba integrada por 76 soldados, 72 hombres y cuatro mujeres, al mando de un capitán y de la que son parte dos tenientes como jefes de sección, cinco instructores, entre brigadas y sargentos, y diez auxiliares, cinco cabos y soldados con experiencia en la Brigada.
El capitán responsable del ejercicio fue retirado del mando de la unidad “de forma inmediata" y "sin perjuicio del resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo”, según informó en su momento el Ejército de Tierra.