La huelga de funcionarios lastra la administración de Justicia

Los tribunales españoles resolvieron 1.570.048 asuntos durante el primer trimestre de 2023, un 7,7 % menos que hace un año, en un periodo marcado por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 3.471.253, lo que ha supuesto un incremento interanual del 10,4%.

El CGPJ ha detallado que los órganos judiciales españoles registraron entre enero y marzo de 2023 un total de 1.639.637 asuntos, cantidad que supone una disminución del 3,3% respecto del mismo periodo del año pasado.

En todas las jurisdicciones, a excepción de la penal que experimentó un incremento interanual del 2,5%, se produjeron descensos en el ingreso de nuevos asuntos: del 7,8% en el orden civil, del 22,4% en el de lo contencioso-administrativo y del 4,4% en el social.

El órgano de gobierno de los jueces indica que estos datos, contenidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2023, se han visto afectados por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero del hasta el 28 de marzo.

EL IMPACTO DE LA HUELGA

"Aunque el impacto de la huelga debería haber sido más evidente en la resolución de asuntos, también se ha hecho notar en el ingreso registrado por la cantidad, muy superior a la habitual, de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los órganos judiciales y, por tanto, no se han computado como ingresados en los mismos", explica el CGPJ.

A nivel global, señala que pasaron de 17.366 en el primer trimestre de 2022 a 102.618 en mismo trimestre de 2023, con un incremento del 491%.

"Las sentencias y autos finales también se han visto afectados, en este caso indirectamente, al haberse dado casos en los que el seguimiento de la huelga por parte del LAJ ha supuesto la suspensión de los juicios señalados o la falta de impulso procesal o de tramitación procesal por su parte", continúa el órganos de gobierno de los jueces.

Esto, incide, ha impedido que los procedimientos quedasen vistos para el dictado de la correspondiente resolución final. A este respecto, asegura que es destacable el aumento significativo de las suspensiones de juicios.

EL REPARTO POR JURISDICCIONES

En la jurisdicción civil se registraron 670.111 nuevos asuntos, con una disminución del 7,8%; se resolvieron 635.008, un 9,7% menos, y quedaron en trámite 1.951.453, un 10,5% más que al final del primer trimestre de 2022.

"De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 7,7% lo componen los que se encuentran en ese estado en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas)", ha explicado el CGPJ.

En este contexto, indica que la jurisdicción penal fue la única que mostró un incremento en el ingreso al registrar 811.142 nuevos asuntos, un 2,5% más que un año antes. "Se resolvieron 783.009 asuntos, un 3,3% menos, y quedaron en trámite 927.297 asuntos, un 14,8% más", añade.

La disminución en el ingreso de asuntos en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo alcanzó el 22,4%, con un total de 49.819 nuevos asuntos registrados en el periodo analizado. Los asuntos resueltos fueron 54.259, un 13,2% menos que el año anterior y los que quedaron en trámite, 216.360, lo que ha supuesto una reducción del 2,4 por ciento.

En la jurisdicción social se registraron 108.531 asuntos, un 4,4 % menos que entre enero y marzo de 2022. Se resolvieron 97.730 asuntos, un 22% menos, y quedaron tramitándose 375.977 asuntos, un 7,9% más.

CANARIAS Y ANDALUCIA, A LA CABEZA

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 34,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas con una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron sido Canarias (45,7), Andalucía (39), Asturias (36,2), Cataluña (35), y Comunidad Valenciana (34,5).

Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (19,7), País Vasco (25,4), y Castilla la Mancha (25,8).