La juez desoye a Fiscalía e interrogará de nuevo a cargos del Gobierno por la compra de material sanitario en pandemia

La titular del Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid ha acordado interrogar de nuevo a dos cargos del Gobierno a los que Vox acusa de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia. Ha fijado las comparecencias para noviembre, en contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba pertinente archivar la causa al no ver indicios "mínimos" para llevar a cabo la investigación.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la juez Concepción Jerez García ha decidido seguir adelante con el procedimiento y citar de nuevo a declarar dos de los tres cargos señalados por los de Santiago Abascal en la querella que dio origen a la causa.

Las mismas fuentes han precisado que la decisión de la magistrada tiene lugar después de que Vox presentara ante el juzgado una ampliación de la querella original, en la que se atribuían presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario por parte del Gobierno en marzo de 2020 al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; a Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC); y a Patricia Lacruz, que recientemente renunció al cargo de directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF).

Los tres declararon el pasado abril en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, en calidad de querellados. Según informaron entonces fuentes jurídicas a esta agencia, Jiménez negó las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario y aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

En la querella original, Vox sostenía que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, aludía a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de "dudosa" existencia puesto que solo se conocía una denominación social.

La vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, hizo hincapié en que "310 millones de las arcas españolas fueron a empresas chinas". Según indicó, "en muchos casos", hubo "deficiencias" y se "incumplió" al momento de informar cuáles eran esas compañías y qué experiencia tenían. Ahora, según ha adelantado The Objective, la juez preguntará de nuevo a dos de los señalados en la querella por los contratos a los que hace referencia Vox.

LA NEGATIVA DE LA FISCALIA

El pasado junio, la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones al considerar que los indicios aportados por el partido sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se sustentaban en "meras conjeturas" relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, "pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones".

El Ministerio Público defendió en su escrito que los contratos celebrados por la entidad pública Ingesa entre marzo y abril de 2020 se adecuaron a la normativa vigente. Insistió en que existió un hecho "notorio" e "incuestionable" como fue la pandemia "y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento".

Al hilo, hizo referencia a un informe del Tribunal de Cuentas realizado con todos los contratos celebrados por Ingesa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 --incluidos los que son objeto de la querella-- y concluyó que dicho informe "no puede llevar a otra conclusión que la de que los contratos fiscalizados fueron practicados con pleno cumplimiento de la normativa administrativa".

Según informó entonces la Fiscalía, el director de Ingesa explicó durante el interrogatorio celebrado en abril que todos los contratos firmados en su departamento fueron objeto de fiscalización previa y posterior por parte del Tribunal de Cuentas. Así, defendió que "se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases".