La ley da un plazo máximo de dos meses a los tribunales para aplicar la amnistía

La proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía.

En el título III, establece que su aplicación será "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten "no tendrán efectos suspensivos".

La ley de Amnistía incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a otros tres dirigentes fugados.

Estos son los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.