La principal asociación de jueces ve con preocupación la reforma para renovar el Constitucional

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, muestra su "preocupación" por las propuestas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos para modificar a través de la reforma del Código Penal las reglas de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuya renovación está en curso.

Las enmiendas a la iniciativa que busca borrar el delito de sedición del Código Penal han llegado también al sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que ya ha cumplido cuatro años en funciones y que lleva meses sin culminar los dos nombramientos al TC que le compete.

Los socios de Gobierno, recuerda la APM en un comunicado, han propuesto cambiar el sistema de mayorías del CGPJ para realizar los nombramientos, actualmente fijado en tres quintos: en el caso de que los vocales no consiguiesen ese consenso tres meses después de que finalice el mandato de los magistrados salientes, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos, sin necesidad de un quorum mínimo y en una única votación, que no será secreta.

La APM censura este sistema de "cambiar una reglas previamente establecidas y que arbitran un procedimiento de elección en trámite".

También reprocha esta asociación de jueces que se suprima la verificación por el Pleno del Tribunal Constitucional de los requisitos requeridos por los magistrados propuestos y que PSOE y Unidas Podemos califican de "trámite legal adicional".

La APM incide en que estos cambios propuestos inciden directamente en el procedimiento en curso para la renovación del TC y contribuyen a "una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos".

Por eso, apela a la prudencia y reclama "responsabilidad institucional" para garantizar los valores del Estado de derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, "valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas".