La juez Lamela imputa al ex director de Mossos y al exsecretario catalán de Interior

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado hoy al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler -el que fuera jefe del Mayor Josep Lluis Trapero- y al ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn- en relación con la actuación de la policía autonómica en el referéndum del 1-O. La magistrada, que ha citado a ambos para el próximo 9 de marzo, ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la pasada semana le pidió ampliar la investigación por la inactividad de los Mossos el 1-O a estos dos exaltos cargos.

Si bien la juez no precisa el delito por el que les llama a declarar como investigados, indica que "tales hechos pudieran ser constitutivos de delito" y por ello les cita en el marco de la causa abierta por sedición en la que ya investiga a Trapero, que ha declarado tres veces ante Lamela y tiene impuestas medidas cautelares como la prohibición de salir de España, y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

En el auto de citación, la juez acuerda también levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga el intento de los Mossos de destruir pruebas quemándolas en una incineradora, y decide enviar al TSJC, como pedía la Fiscalía, la parte correspondiente a la vertiente política de estas actuaciones y que afecta al CESICAT, "pretendido CNI catalán". En cuanto a la petición que hizo el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo de declarar la causa compleja, lo que implica que la investigación puede prorrogarse más allá de los seis meses hasta un máximo de 18, Lamela acuerda conceder un plazo de dos días a las partes para que se pronuncien al respecto.

El fiscal pidió ampliar la imputación a Soler y Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis- por su "decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento" que hasta ahora se había ceñido al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre.

La Fiscalía cree que la inacción de los Mossos "siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig", contando con el apoyo también de Trapero.

El pasado viernes la juez tomó declaración por tercera vez a Trapero y le dejó en libertad con las mismas medidas cautelares que ya le había impuesto, pese a que la Fiscalía pidió que se le impusiera una fianza de 50.000 euros por la imputación de un segundo delito de sedición por el 1-0 y el riesgo de destrucción de pruebas.

La Fiscalía motivó su petición en dos reuniones que mantuvo el 26 y el 28 de septiembre Trapero con el expresidente catalán Carles Puigdemont, Forn y Junqueras de cara al referéndum y que ocultó en sus anteriores declaraciones, extremo que su defensa negó y alegó que en un escrito en diciembre ya mencionaron esos encuentros al pedir la testifical de los intervinientes.

La defensa de Trapero sostiene que esas reuniones fueron para transmitir la preocupación de los Mossos por la seguridad ciudadana el 1-O, pero la Fiscalía disiente y asegura en el informe remitido a Lamela que no consta "que ninguno de ellos llevase a cabo actuación alguna para evitar el referéndum, sino más bien al contrario".

"Estos hechos solo podían ser consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a previas instrucciones de los jefes de Mossos d' Esquadra y por ende de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat, en última instancia responsable de la convocatoria del referéndum ilegal, como el director de los Mossos y el secretario de Interior". Siendo de "especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra", ya que "su capacidad investigadora e 'intimidatoria' al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum".