Las asociaciones de juristas consideran “positiva” la renovación del CGPJ, a excepción de la AJFV
Jueces para la Democracia reconoce que el acuerdo pone fin a una "anomalía inadmisible"
Por el contrario, la Francisco de Vitoria denuncia el “obsceno cambio de cromos” que mantiene la “politización” del CGPJ en su renovación
El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, considera "positivo" que finalmente vaya a renovarse el CGPJ, poniendo fin a una "anomalía inadmisible" que se ha mantenido durante demasiado tiempo.
Según Rodríguez, los acuerdos hechos públicos este martes "van por el camino correcto, al basarse no sólo en la renovación, sino en la búsqueda futura de una reforma basada en el consenso y el pacto, en el que deben participar, igualmente, la judicatura, los profesionales del derecho y cuantas personas representan los intereses de la sociedad y la ciudadanía que quieren afrontar los graves problemas de la administración de justicia".
Además, segun el portavoz del JJpD, "es positivo" que se hayan respetado las "responsabilidades institucionales del futuro nuevo CGPJ, en tanto el acuerdo no alcanza a la presidencia, que corresponde concretar a las nuevas y nuevos vocales".
La asociación JJpD ha venido pidiendo que esta situación "anómala" terminase, y ahora que ha sucedido, reclama "responsabilidad" a las personas que van a designarse para que" con humildad y sentido de Estado", afronten rápidamente la "enorme tarea de recomponer el prestigio perdido y de normalizar la institución, evitando vuelva a ser utilizado con fines partidistas".
La segunda asociación con mayor representación entre jueces y magistrados, Francisco de Vitoria, ha lamentado que la "anomalía democrática sin parangón" que suponía la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya acabado "de la peor manera posible", con lo que consideran "un nuevo obsceno intercambio de cromos".
Bajo su análisis, se ha perdido "una oportunidad histórica" de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir, "de una vez por todas", que la carrera judicial elija a sus doce vocales judiciales del total de veinte que tiene el órgano.
La asociación ha advertido que "no cesará en su empeño" hasta lograr que la carrera judicial elija a sus doce vocales y ha instado a avanzar en una mayor objetividad en los nombramientos discrecionales, "en los que se realice una verdadera baremación del mérito y de la capacidad".
Por su parte, el Foro Judicial Independiente (FJI) ha emitido un comunicado tras el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncia la “absoluta gravedad” de lo acordado, que atenta conta “la independencia del Poder Judicial”.
Según su comunicado, “la realidad ha demostrado que los partidos políticos que integran las Cámaras parlamentarias han hecho caso omiso a las prevenciones del Tribunal Constitucional, distribuyéndose por cuotas los vocales, tomando en consideración motivaciones exclusivamente políticas, en función de las garantías que ofrezcan de actuar disciplinadamente, conforme a las instrucciones del partido que los ha designado”.
A su entender las distintas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial "no han venido sino a agravar esta lamentable situación, perpetuando y profundizando aún más en el sistema de designación política de los vocales”.
1.000 jueces y fiscales nuevos en los próximos cinco años
La principal reforma pactada en torno a la Fiscalía busca evitar que se repitan nombramientos como el de Dolores Delgado que pasó directamente del Ministerio de Justicia a ejercer como fiscal general del Estado.
No podrá ser nombrado para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento 1.000 jueces y fiscales nuevos en los próximos cinco años.
La proposición pactada plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando "a futuro" 200 plazas cada año durante cinco años para atender al incremento de la litigiosidad y reducir la saturación de los juzgados.
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