Las autopistas rescatadas por el Gobierno seguirán siendo de pago, al menos, hasta 2032

El Gobierno ha renovado los convenios de explotación de las nueve autopistas de peaje que quebraron tras la crisis financiera de 2008 y que el Estado rescató en 2017, asegurándose su gestión pública para los próximos diez años, con vencimiento en diciembre de 2032.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión después de que en 2021, a pesar del impacto de la pandemia, estas autopistas obtuvieran un beneficio neto de 1,2 millones de euros, frente a las pérdidas de más de 6 millones del año anterior, superando incluso la facturación previa a la crisis sanitaria.

Desde 2018, estas carreteras de peaje (radial 2, 3, 4 y 5, M-12, AP-41, AP-36 y las AP-7 Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera)pasaron a ser gestionadas por la empresa pública Seitt, sociedad a la que se le ha vuelto a encomendar esta tarea para los próximos diez años, toda vez que los actuales convenios vencen el próximo 31 de diciembre.

El Gobierno también ha anunciado que las tarifas de estas autopistas volverán a quedar congeladas para el año 2023, después de que desde 2018 no se hayan subido ninguna vez, al mismo tiempo que se incluirán bonificaciones ligadas a motivos medioambientales.

Por otra parte, Seitt ha licitado dos nuevos contratos concesionales para seis áreas de servicio, una de ellas en la M-50 (Atalaya).