Libertad con cargos para Osàcar, extesorero de Convergencia al que el juez le retira el pasaporte

El juez de El Vendrell que investiga el caso del 3 % ha dejado en libertad con cargos al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de seis delitos relacionados con la corrupción, pero le ha retirado el pasaporte al estimar que puede existir riesgo de fuga. La Guardia Civil ha detenido hoy en su casa a Osàcar, cuyo domicilio fue registrado el pasado mes de agosto en busca de documentación relacionada con el caso, por ser el responsable de la tesorería de CDC en la época en que se adjudicaron alguna de las obras que se investigan en el caso.

El extesorero, que tras una breve estancia en dependencias policiales ha pasado a disposición del juez instructor, se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas del magistrado, igual que hizo ayer su sucesor al frente de las cuentas de CDC, Andreu Viloca, según han informado fuentes judiciales.

El juez ha acordado retirar el pasaporte a Daniel Osàcar después de que así lo solicitara la Fiscalía, que estima que existe riesgo de fuga dado que el extesorero de CDC tiene intereses económicos en el extranjero.

De esa manera, el imputado ha quedado en libertad con cargos, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil, de acuerdo con la calificación provisional que ha establecido el juez.

La defensa del extesorero de CDC, ejercida por el abogado Xavier Melero, se ha opuesto a la medida cautelar de retirada del pasaporte argumentando que en julio del año pasado un juez de Barcelona archivó una causa contra él, al no poder acreditar que dispusiera de cuentas bancarias en Suiza y Gibraltar, como sostenía un informe policial basado en una denuncia anónima.

Tras insistir en que la inexistencia de esas cuentas en el extranjero fue descartada en virtud del resultado de comisiones rogatorias, Melero ha anunciado que recurrirá la medida cautelar de retirada del pasaporte a su cliente si éste la considera "desproporcionada".

El extesorero de CDC, que dejó el cargo en diciembre de 2010, está pendiente de sentarse en el banquillo por el caso del Palau de la Música, en el que la Fiscalía le pide una pena de siete años y medio de cárcel por el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista, a través de la entidad cultural.

El abogado de Osàcar ha admitido que los investigadores han buscado una fórmula "menos gravosa" para el extesorero, cuya detención ha sido aplazada a hoy para que pasara en comisaría el mínimo de horas posibles, al tenerse en cuenta que colaboró con la Fiscalía cuando el pasado mes de agosto se registró su domicilio.

En declaraciones a la prensa, el coordinador de Régimen Interno y Comunicación de CDC, Francesc Sánchez, ha reivindicado la "inocencia" tanto de Osàcar como de Viloca y ha afirmado que su partido tiene "la tranquilidad absoluta" de que ha hecho las cosas bien "desde un principio".

Sánchez, responsable de asuntos jurídicos de la formación nacionalista, ha anunciado que hoy mismo se presentará el recurso para que Andreu Viloca salga de la cárcel, en la que ingresó anoche por orden del juez instructor.

UNA DOCENA DE DETENIDOS

Con la detención de Osàcar, la Guardia Civil ha arrestado ya a una docena de personas en relación con este caso, que instruye un juzgado de El Vendrell (Tarragona).

Las mismas fuentes han indicado que Osàcar iba a ser detenido el pasado miércoles, cuando se registro la sede de CDC en Barcelona y se detuvo a su actual tesorero, Andreu Viloca, y a otras nueve personas, pero que finalmente, debido a su delicado estado de salud, los investigadores decidieron aplazar el arresto hasta hoy para que pase las mínimas horas posibles en el calabozo.

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ya registraron el pasado mes de agosto el domicilio de Osàcar, la Fundación Catdem, y el despacho de su actual administrador, Andreu Viloca, en la sede de CDC, en relación con el presunto cobró de comisiones ilegales de la constructora Teyco a cambio de obras públicas en ayuntamientos controlados por la formación.

Los agentes registraron durante cerca de ocho horas la sede de la Fundación Catdem, a la que se cree que Teyco pagó comisiones del 3% del importe de obras públicas municipales, la mayoría de ellas financiadas con fondos del Estado procedentes del "plan Zapatero" entre 2009 y 2010.

Los registros practicados fueron ordenados por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), en el marco de la llamada "Operación Petrum 2", caso conocido también como del 3%, que investiga presuntos pagos de comisiones de la empresa Teyco, controlada por la familia Sumarroca, históricamente vinculada a la familia Pujol en lo empresarial, lo político y lo personal.

Al registro de la sede de Catdem, en el que la Guardia Civil se incautó de varias cajas con documentación y ordenadores, se sumó la del domicilio en Barcelona de Daniel Osàcar, tesorero de CDC hasta diciembre de 2010 y exadministrador de la Fundación Catdem.

El nombre de Daniel Osàcar aparece también en el caso del expolio del Palau de la Música, por el que la Fiscalía le pide siete años y medio de prisión por su papel clave en el presunto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista.

MAS COMPARECE EN EL PARLAMENT

El president Artur Mas ha asegurado que la contratación de la Generalitat es "impecable" y no hay posibilidad de "influir de una manera partidista o personal" en la adjudicación, al tiempo que ha remarcado que está "comprometido" con que el sistema sea transparente y con "plenas garantías para todos".

Mas ha defendido así la contratación pública de su Govern en su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlament, en la que da explicaciones tras la operación judicial y policial por supuestas mordidas del 3%, por la que se ha detenido esta mañana al extesorero de CDC Daniel Osàcar y se ha enviado a prisión a su sucesor, Andreu Viloca.

Durante su comparecencia inicial de cerca de una hora en la cámara catalana, el presidente catalán en funciones ha sacado pecho de la transparencia de la Generalitat en la contratación de obra pública, con una retahíla de ejemplos concretos recogidos en un documento de buenas prácticas que ha trasladado previamente a los grupos parlamentarios.

Mas ha asegurado que, con los "esfuerzos" realizados en los últimos cinco años, la Generalitat se ha convertido en la administración autonómica "más transparente" del Estado: "En el 2012 estábamos en el puesto número diez, y ahora en el uno", ha asegurado el president.

Así, Mas ha citado numerosos ejemplos en aras de la transparencia en la contratación de la obra pública, como su publicación en el portal de transparencia, la publicidad de los criterios y normas de los concursos con "más antelación" de la que establece la ley.

También la apertura a "todo el mundo" de los concursos, la "limitación creciente" de las prórrogas contractuales, la "excepcionalidad" de las modificaciones de los contratos que hasta hace poco era una "práctica habitual" o la reducción del número de recursos ante el Tribunal contractual. "Se ha dado un paso importante en la máxima transparencia", ha concluido Mas tras enumerar todos estos ejemplos.

En este sentido, el presidente de la Generalitat en funciones ha recordado que el pasado mes de julio se aprobó el Código de principios y conducta para la contratación de obra pública, dirigida a los altos cargos de la administración, directivos, cargos administrativos y empleados públicos en general que participan en el proceso de contratación.

Asimismo, Mas ha recordado que en el 2011 la Generalitat fue líder a nivel europeo en la creación de oficinas de supervisión y evaluación de contratación pública, y que en el 2014 la Comisión Europea emitió un informe sobre la lucha contra la corrupción en el que estimó que la oficina catalana era un "ejemplo de buena práctica"

MAS NO PUEDE PRESENTARSE COMO VÍCTIMA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha rechazado hoy que el presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones, Artur Mas, quiera presentarse como una víctima y no asuma sus posibles responsabilidades en el caso de corrupción de su partido, Convergencia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por las acusaciones de Mas de "utilizar sus alcantarillas a fondo" contra su partido, la vicepresidenta ha considerado que son "impropias" de cualquier gobernante.

Ha insistido en que "la primera obligación" de todos los ciudadanos y también de los representantes políticos es respetar a los poderes del Estado y, particularmente, al judicial.

Tras insistir en que Mas "no puede colocarse" por encima de las decisiones de los tribunales, la vicepresidenta ha precisado que quien pueda tener una responsabilidad política "lo último que puede hacer es presentarse como una víctima".

La vicepresidenta ha dicho que "si se confirman esas comisiones", en referencia a posibles cobros por parte de CDC a empresas y fundaciones, "el perjuicio es para lo público" y "lo último" que Mas debe hacer es "escudarse en la política" para evitar responsabilidades o poner trabas a la actuación judicial. A juicio de Sáenz de Santamaría, si se confirma el cobro de comisiones, "la única víctima es el conjunto de los ciudadanos".